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Confirman la sanción contra Rector en Tierralta

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La Procuraduría General de la Nación decidió confirmar en fallo de segunda instancia la sanción contra de Yoni Enrique Acosta Lozano, en su calidad de rector de la institución educativa El Rosario de Tierralta.

El fallo consistió en la suspensión e inhabilidad especial en el ejercicio del cargo por el término de dos meses, al ser hallado responsable de recibir más de una asignación proveniente del tesoro público.

Obra en el expediente que el señor Acosta Lozano se desempeñaba como rector de la mencionada institución cuando fue designado como Secretario de Educación Municipal, aceptó la postulación y solicitó a la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba una comisión no remunerada por el término de un año que le fue conferida a partir del 14 de enero de 2008, procediendo ese mismo día a posesionarse en su nuevo cargo.

La oficina pagadora de la Secretaría de Educación Departamental, por razones aún no esclarecidas, le pagó el salario como rector por los meses de marzo a junio de 2008.

El disciplinado dispuso paulatinamente de esos dineros y los devolvió a la entidad pagadora en noviembre de 2008.

El Ministerio Público recordó que está prohibido a todo servidor público recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

En el presente caso el disciplinado tuvo la oportunidad de escoger, pues cuando se aseguró de cuál era la procedencia de los dineros que tenía en su cuenta y pudiendo consultar la incidencia jurídica de esta situación, decidió retirarlos y hacerlos suyos, resultando indebidamente beneficiado con ese doble ingreso.

La falta fue calificada como grave. Al haber retirado todo el capital erróneamente consignado, mal puede predicarse que actuaba de buena fe o que lo hacía bajo una situación de error invencible. La posterior devolución del dinero no deja sin sustento la imputación jurídica correspondiente.

La decisión de segunda instancia fue adoptada por el procurador primero delegado para la Vigilancia Administrativa y confirma el fallo proferido por la Procuraduría Regional de Córdoba el 19 de noviembre de 2010.

Se indicó finalmente que contra la decisión de la Procuraduría no procede recurso alguno.

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