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A construcciones en playas no se les otorga propiedad de terrenos

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Los particulares que han hecho construcciones en zonas de playa marítima no pueden reclamar la propiedad de esos terrenos, puesto que se trata de bienes de uso público, determinó el Consejo de Estado al fallar una demanda contra la Nación.

La demanda fue instaurada en septiembre de 1997 por un habitante del sector de Palo Blanco, zona rural del municipio de Tolú (Sucre), quien desde hace 33 años tiene una propiedad en la antigua vía que comunica a esa localidad con Coveñas y construyó en zona contigua a la playa, 10 cabañas para servicio turístico.

El demandante alegó que la construcción del muelle de Tolcemento S.A., ubicado a 800 metros de la propiedad y el permanente dragado a orillas de la playa con el objeto de ingresar barcos de alto calado, hizo desaparecer la carretera que pasaba por el establecimiento “lo que originó la ruina y la desolación de ese sector turístico”.

En la acción, se responsabiliza a la Dirección General Marítima y Portuaria, Dimar, al municipio de Tolú y a la gobernación de Sucre, por la omisión y negligencia al permitir la construcción del muelle que afectó todo el sector de Palo Blanco.

Para el Consejo de Estado, entidad encargada de proteger los derechos de los ciudadanos frente a las decisiones de las autoridades administrativas, no existe responsabilidad de la Nación frente a cualquier daño que hubiere podido causar la obra, debido a que no era lícito el uso que venía dándosele a la playa por parte del demandante.

“Las playas marinas son de propiedad del Estado, razón por la cual cualquier construcción en ellas debe tener un permiso especial que nunca confiere propiedad…La playas son inenajenables, imprescriptibles e inembargables, por manera que su uso no confiere derechos al usuario, distintos a los limitados que consten expresamente en la concesión o permiso respectivo”, precisó la sentencia.

Recuerda la Corporación que de acuerdo con la legislación colombiana, todos los que habitan las playas pueden hacer uso de esos terrenos, pero nunca aspirar a tener el dominio sobre ellos.

“Las playas no pueden ser adjudicadas en forma permanente, sino para efectos relacionados con la navegación; toda ocupación de las playas, sea permanente (para la navegación) o transitoria, requiere del trámite de los permisos correspondientes ante las autoridades ambientales y las únicas ocupaciones de las playas que no requieren de permisos son las relacionadas con la pesca de subsistencia y los usos domésticos”, puntualizó la decisión del Consejo de Estado.

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