Control de advertencia a negociación de prórroga con Cerro Matoso

Un control de advertencia hizo la Contraloría General de la Nación sobre el riesgo de legalidad que implica la prórroga de la concesión a Cerro Matoso sin que se garanticen las mayores ventajas para el Estado.
La contralora Sandra Morelli advirtió al Ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, y a la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Beatriz Uribe, que las negociaciones se están adelantando sobre la base de un contrato que presenta riesgo de legalidad.
Como se recordará el 30 de septiembre se termina la concesión hecha a Cerro Matoso para la explotación del níquel en Montelíbano, Córdoba, pero según el Ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, la BHP Billinton, propietaria de la firma Cerro Matoso S.A., tendría asegurada su permanencia para la explotación de la mina hasta el 2029, luego de un acuerdo suscrito en 1996 en el que se establece que incluso la operación podría ir hasta el 2044.
Morelli Rico dijo que para tomar la decisión el Estado debe tener en cuenta la evaluación técnica, ambiental y económica sobre la explotación del mineral así como los estudios que se han hecho con relación al tema y llamó la atención sobre los riesgos que podría implicar una negociación sin las debidas previsiones, revisiones, comprobaciones, controles, trazabilidad, documentación, estudios de conveniencia y oportunidad, estudios de costo beneficio y evaluación de las implicaciones de orden ambiental y social que se deriven de la continuidad de los contratos de concesión minera.
Instó al Gobierno a tomar las medidas de prevención necesarias y a verificar las condiciones en que se hicieron las anteriores negociaciones con Cerro Matoso.
No es la primera vez que la Contraloría investiga a la explotadora de níquel. En 2005 adelantó un proceso mediante el cual detectó un detrimento patrimonial de 209 mil millones de pesos debido a que Ingeominas entregó a la multinacional la propiedad sobre 13 millones de toneladas de mineral de hierro sin ningún tipo de contraprestación económica para el Estado.
La segunda investigación se hizo en 2011 y en esa oportunidad el ente de control detectó que Cerro Matoso dejó de pagar 35 mil millones de pesos entre los años 2008 y 2010, los cuales finalmente tuvieron que devolver a las arcas del Estado.
La tercera acción es el control de advertencia especialmente por dos puntos en el mencionado acuerdo. Uno de ellos deja al Estado sin ninguna posibilidad de disponer libremente de sus recursos naturales no renovables para buscar mayores beneficios y el otro permite que los bienes que Cerro Matoso revierte a la Nación el 30 de septiembre sean arrendados inmediatamente a la multinacional a una tasa equivalente al 1,25% sobre la ganancia neta semestral, después de impuestos, obtenida por esta compañía.