Los ríos Sinú y San Jorge se mantienen en alerta naranja pero el pronóstico del Ideam señala que habrá lluvias en la parte alta de los mismos.
Una de las situaciones más críticas se sigue viviendo en el municipio de Ayapel donde desde hace seis meses hay varias poblaciones bajo el agua.
La gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz Correa, indicó que se necesita la ayuda urgente del Gobierno nacional pues ni la Gobernación de Córdoba, ni la de Antioquia tienen los recursos necesarios para atender la emergencia que se ha presentado en esa localidad.
La funcionaria ha venido señalando que la única ayuda que han recibido es la de los mercados pero que no han desembolsado ni un solo peso para la ejecución de obras de prevención.
Junto a la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge se presentaron proyectos por 80 mil millones de pesos y aunque el viceministro de Ambiente, Carlos Castaño, en su última visita a Córdoba anunció inversiones por el orden de los 40 mil millones, aún no se ha empezado el proceso de ejecución de obras porque los recursos no se han hecho efectivos.
Quejas por ayudas
De otro lado se conoció que hay quejas porque hay particulares que se han querido aprovechar de los damnificados para sacar provecho con la entrega de ayudas.
El procurador delegado ante las entidades territoriales, Carlos Mesa, señaló que por presuntas irregularidades en el manejo y distribución de los recursos que el Gobierno destinó para los damnificados de la ola invernal, hay 26 alcaldes investigados y 2 gobernadores disciplinariamente.
“En la etapa de intervención estamos siendo activos en 1.102 municipios. En investigaciones disciplinarias hay contra 26 alcaldes, 2 gobernadores, además de otros 2 funcionarios en indagación preliminar, lo cual implica un mensaje para las autoridades territoriales para que sean absolutamente juiciosos en la administración de los recursos de la ola invernal”, señaló.
El delegado del Ministerio Público explicó que entre las conductas irregulares que se habrían cometido está la participación en política, pues se habrían “utilizado estos instrumentos a condición de apoyos políticos a sus candidatos”.
La Procuraduría también ha recibido quejas de alcaldes en Santander y Córdoba, de ingenieros o arquitectos que ofrecen el servicio de tramitar ante Colombia Humanitaria ayudas a damnificados.
“Lo hacen diciendo que tienen los contactos en distintas entidades y que sólo a través de ellos podrían tener acceso a las ayudas. La Procuraduría envía un mensaje claro y contundente: “no se requieren intermediarios, sólo hacer las gestiones de debida forma de acuerdo a la reglamentación expedida”, señaló Mesa.
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