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Crean juzgado para frenar el carrusel del magisterio

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Montería tendrá un juzgado laboral del circuito de descongestión dedicado exclusivamente a estudiar las demandas que ha hecho un grupo de abogados para reclamar derechos pensionales de los educadores de Córdoba al parecer sin el lleno de los requisitos legales para acceder a tal beneficio.

La decisión de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura busca concentrar todos los procesos que actualmente cursan en los distintos municipios de Córdoba contra el Ministerio de Educación y Fiduprevisora.

Con esta medida  se busca evitar que diversos jueces sigan embargando cuentas del Ministerio de Educación que no pueden ser objeto de esa acción y para evitar el reconocimiento de astronómicas cifras por concepto de prestaciones sociales para el magisterio.

De acuerdo con el Gobierno, un “cartel de abogados” ha puesto en vilo las pensiones de 130 mil maestros, pues con maniobras al parecer fraudulentas pretendían apoderarse de 457 mil millones de pesos del magisterio.

Actualmente, se han detectado unas  857 resoluciones con vicios en las que se decretaron el embargo de recursos del Fondo de Prestaciones del Magisterio, Fomag, pese a que los docentes no pertenecen al régimen previsto en la ley 33 de 1985.

La situación se ha registrado con docentes de Planeta Rica, Chinú y Lorica. “Se encuentran en riesgo 457 mil millones de pesos que han sido destinados al pago pensional de maestros. Este problema se origina por una serie de resoluciones que fueron expedidas por las secretarías de educación y por las cuales se reconocía una serie de pensiones a maestros con valores adicionales, permitiéndoles la jubilación a los 50 años de edad y 20 años de servicio", aseguró la ministra de Educación, María Fernanda Campo.

Como se recordará la denuncia inicial fue hecha por el gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien indicó que esa situación se venía presentando en complicidad con funcionarios de la secretaría de educación de Córdoba, un cartel de abogados dedicado a este tipo de demandas y jueces de la República.

El mandatario confirmó que actualmente se adelantan investigaciones internas a 20 funcionarios de la Gobernación de Córdoba con el fin de establecer su responsabilidad en uno de los fraudes más grandes hechos al Fondo. También pidió que se investigue a funcionarios del Fondo de Prestaciones del Magisterio y de la Fiduprevisora.

Esta situación ya ha generado los primeros ‘descabezados’. Dos funcionarios de la secretaría de educación de Córdoba fueron sancionados en fallo de primera instancia de la Procuraduría, mientras que el juez de Planeta Rica, Ángel Aicardy, fue suspendido por tres meses luego que ordenara el embargo de recursos por valor de 141 mil 868 millones de pesos e igualmente ordenó no poner a disposición de dichos juzgado esa suma.

Este capítulo tiene nuevos ingredientes como la denuncia hecha por algunos de los profesores en el sentido que les falsificaron las firmas para poder reclamar, mediante acciones fraudulentas, unas pensiones al Estado.

Dos profesores de Planeta Rica, que omitieron sus nombres, dijeron que el abogado Jaime Agámez aparece con un poder firmado por ellos que nunca le dieron y por ello instauraron la queja ante la Fiscalía de tal forma que se determine la autenticidad de la firma.

El abogado Agámez dice por su parte que todos sus poderes son legales y que las resoluciones para hacer las reclamaciones son originales de tal forma que no habría ningún tipo de fraude en el proceso.

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