Los fundadores y miembros del cuerpo administrativo de la Fundación Centro de Rehabilitación Vida Diferente (Cerevidi) denunciaron ante la Procuraduría Regional presuntas irregularidades en la contratación para la atención en educación inclusiva. La Fundación dedicada al trabajo por la población discapacitada, interpuso una denuncia para que se revise la contratación que hizo la Secretaría de Educación Departamental. Los denunciantes consideran que, en el análisis realizado a todas aquellas entidades en la convocatoria pública que hizo la Gobernación para adjudicar el contrato para prestar dicho servicio, no se aplicó una correcta evaluación y que no está acorde ni con la Ley General de Educación ni con el Decreto 366, así como otras normas que ayudan a la interpretación real para poder contratar. Según Maggie Urueta Oviedo, representante de Cerevidi, para esta convocatoria, la misma Ley y el Decreto en mención establece que debía escogerse a una entidad idónea, con experiencia de más de dos años en el manejo de la población discapacitada o en situación de discapacidad. “Consideramos que llenamos todos los requisitos, tenemos toda la experiencia y somos idóneos; además aclaro que no somos un centro de salud y hacemos parte del servicio de educación, pero que sin embargo nos fueron violentados nuestros derechos como institución, y peor aún fueron violentados los derechos de los discapacitados del departamento de Sucre”. La representante de la Fundación Centro de Rehabilitación Vida Diferente (Cerevidi), expresó que la institución educativa que fue contratada, posiblemente puede atender a uno u otro discapacitado, pero en realidad no tienen la experiencia necesaria para trabajar con instituciones educativas en el manejo de los PEI favoreciendo a la población discapacitada. “Para hacer eso es necesario que hayan tratado primero con esta población y conocer sus necesidades, falencias y cómo poderlos incluir en los colegios regulares; haberlos atendidos muchos antes, saber que ellos necesitan aprender algunas partes terapéuticas que son necesarias, y nosotros damos el complemento a la educación que se recibe en una institución educativa regular, por eso no nos pueden excluir”, precisó. Urueta Oviedo reitera que Cerevidi tiene la experiencia y debe ser acogida por su conocimiento en educación especial, el cual le va a servir a las instituciones regulares para formar bien a un sujeto activo y social dentro de la comunidad. Sucre tiene entre 380 millones de pesos y 400 millones de pesos para prestar el servicio, y según los demandantes esa contratación debió hacerla el Departamento desde principio de este año cuando llegaron los recursos, porque ese dinero corresponde a la vigencia de 2009. “Sin embargo la contratación se hace al termino del año y considero que es poco el trabajo que se puede hacer, pero si en realidad se va a hacer debe ejecutarse como dice la ley”, puntualiza Maggie Urueta. La asignación de recursos la hace el Ministerio de Educación Nacional y representa específicamente el 20 por ciento del Sistema General de Participaciones (SGP) del presupuesto de cada departamento de acuerdo al número de discapacitados incluidos que tengan los colegios oficiales. Informó la representante de Cerevidi que igual ocurre con el municipio de Sincelejo, donde llegaron cerca de 50 millones de pesos para este tipo de educación (inclusiva), pero que desconoce con cual institución contrató, y mucho menos si ya gastó esos recursos.
Regional
Denuncian anomalías en un contrato de educación inclusiva
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