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Descargos a contratista de Programa de Alimentación

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Ante el incumplimiento de un primer compromiso de la Unión Temporal Alimentación Caribe en superar las falencias en la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 23 municipios sucreños, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Sucre, inició un segundo proceso sancionatorio contra el representante legal de dicho Operador.

La directora (e) del ICBF en Sucre, Lesbia Montalvo, informó ayer durante una rueda de prensa que el objetivo es salvaguardar el debido proceso que es un derecho fundamental.

Son 110 mil beneficiarios en los 23 municipios en donde la Unión Temporal Alimentación Caribe presta el servicio, que en las últimas semanas ha sido objeto de quejas y reclamos por parte de la comunidad ante incumplimiento con la minuta,  no pago a proveedores y suspensión del mismo.

Entre los municipios más afectados,  donde se han presentado el mayor numero de quejas están: Sincelejo, Los Palmitos, Tolú, La Unión, Caimito, Toluviejo, San Onofre, San Marcos, San Benito, Buenavista y Ovejas.



Realizarán audiencia

La Directora (e) del ICBF en Sucre, informó que fue notificada la aseguradora El Cóndor con sede en la ciudad de Bogotá, quienes ya tienen en todos los hallazgos o requerimientos que se están haciendo las unidades aplicativas y los proveedores, entre otros.

Es así como el próximo 3 de octubre se va a realizar la audiencia, tal como se establece en el artículo 86 del Estatuto Anticorrupción.

Esperamos que en esta audiencia esté presente el contratista, la aseguradora, la Procuraduría Regional y Procuraduría de Familia, para que estén como garantes, y los representantes del ICBF”, dijo la funcionaria.

En la misma, serán escuchados los descargos del representante legal del contratista, José Olivo, para que aporte las pruebas  necesarias o convenientes para su defensa.

Por parte, el ICBF también presentará las pruebas de los requerimientos e incumplimientos, los cuales vamos a hacer valer dentro de este proceso.

Según la Directora del ICBF, José Olivo, representante legal del operador radicó el pasado 21 de septiembre una solicitud para cesión de contrato, “debemos analizarlo con mucha precaución teniendo en cuenta sobretodo la continuidad del servicio”, dijo la Directora.

“Nosotros como institución que tiene como objeto principal es la atención integral a la primera infancia y la familia en general, sabemos y estamos conscientes de que esa alimentación que ICBF está proporcionando a los niños, niñas y adolescentes en algunos casos es la única alimentación que se recibe en la comunidad. De allí el impacto y la preocupación que tenemos a nivel interno de nuestro equipo de trabajo porque debemos buscar una solución que no solamente sea sancionar al contratista sino buscar una mejor solución para que los niños sigan recibiendo la alimentación hasta que termine el calendario escolar”, aseveró.

El Programa sigue siendo operado por la entidad contratista Unión Temporal Alimentación Caribe, sin embargo en algunos municipios no se está prestando en su totalidad el servicio.

“Hasta que no haya un acto administrativo por parte de la Dirección Regional en donde se acepte o no la cesión del contrato, o se defina la prestación por parte de otro operador ellos continúan con el servicio”, explicó la funcionaria.

Aunque el contratista que ha incumplido,  presentó una Unión Temporal para ceder su compromiso, esta solicitud será estudiada por el Instituto, para determinar  quienes son,  la experiencia que van a aportar y dar la garantía de que prestarán  un servicio de manera eficiente.

“Bienestar Familiar hará todas las acciones legales contra el contratista, pero la otra situación es que tenemos un compromiso con los niños, niñas y adolescentes y debemos escoger, seleccionar con mucho compromiso y seriedad una entidad que preste garantía de que esa alimentación va a prestar el servicio”, dijo Lesbia Montalvo.

El contrato de la entidad es por la vigencia de 2011, en 23 municipios, el mismo está por $12 mil millones.

El pago al contratista se hace por servicio prestado, es decir, cuando se comprueba con base en una legalización de cuentas y una serie de documentos que debe legalizar.

El ICBF le ha cancelado hasta el mes de julio de 2011. En estos momentos se encuentra retenida una cuenta por un embargo que hizo un proveedor y no han legalizado cuentas correspondientes al mes de agosto.

Actualmente, son muchos los proveedores con los que tiene deudas el contratista.

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