Destituida e inhabilitada registradora de Cereté y 4 subalternos

Después de un año de investigaciones internas, la Superintendencia de Notariado y Registro profirió la destitución fulminante de la registradora de instrumentos públicos de Cereté, Nur Emérira Anaya Álvarez, junto con cuatro de sus subalternos identificados como Carmen de la Rosa Galarcio, Rosa María Meléndez Lozano, Lina Marcela Pacheco Ortega y Germán de los Reyes Gutiérrez Beltrán.
Según el acto administrativo, los investigados se apropiaron de mil 382 millones de pesos correspondientes al recaudo de impuesto de rentas que debían ingresar a las arcas del departamento de Córdoba.
Para apropiarse de la millonaria suma recaudada, Nur Anaya y los cuatro subalternos acudieron a la falsificación documentos y registraron escrituras que no fueron reportadas en el libro de recaudos.
En la investigación se estableció que para cometer los ilícitos buscaron a una tercera persona de nombre Alma Rosa Ruiz Petro, quien buscaba a los usuarios para que le entregaran el dinero que debían pagar en las oficinas de registro de Cereté. Sin embargo, los dineros eran repartidos entre los hoy destituidos e inhabilitados y a los clientes les entregaban falsos registros, pues los documentos entregados jamás terminaban el trámite.
Por estas conductas calificadas como gravísimas y dolosas los funcionarios no podrán ejercer cargos públicos hasta por 15 años. En el caso de Nur Emérita Anaya y para los otros cuatro compinches la inhabilidad es de 10 años.

El hueco fiscal
El desfalco fue notado a comienzos de 2012 en la oficina de rentas de la Gobernación de Córdoba.
Tras labores de rastreo dieron con que el origen del desfalco era de las oficinas de Instrumentos Públicos de varios municipios que por concepto de impuestos de registros deben ingresar a las cuentas de la Gobernación.
Los casos más notorios fueron los de Cereté, Lorica y Sahagún, en donde los desfalcos en conjunto fueron superiores a dos mil millones de pesos. En el caso de Lorica, el registrador David Vega Benedetti fue separado del cargo y actualmente es investigado por la pérdida de más de $200 millones, durante la vigencia 2012, cifra que podría ser mayor una vez concluyan los arqueos de las vigencias 2013 y anteriores.
En el caso de Sahagún, hacia el mes de mayo el supernotariado, Jorge Enrique Vélez, reveló que se detectó un hueco de 700 millones de pesos que no fueron reportados a la Gobernación.
Además de las investigaciones internas, los registradores y demás funcionarios implicados enfrentarán investigaciones penales de la Fiscalía y disciplinarias de la Procuraduría.