Destituyen a dos jueces más por “carrusel de la educación” de Córdoba

Los jueces promiscuos municipales de Lorica Álvaro Chica Yánez y Blanca Rosa Correa Ramos fueron destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
La decisión la tomó el Consejo Seccional de la Judicatura por estar vinculados al denominado cartel de la educación que desfalcó al Estado en más de 64 mil millones de pesos.
De acuerdo con lo señalado por la Procuraduría, luego del informe del Consejo de la Judicatura, fue que los dos jueces, al igual que Ángel Aicardy en Planeta Rica, autorizaron pagar unos reajustes pensionales a los cuales no tenían derecho los profesores demandantes.
Ambos jueces fueron advertidos de la situación irregular. Sin embargo, hicieron caso omiso de la advertencia y ordenaron los embargos que finalmente terminaron desangrando la economía del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Tal y como ocurrió con docentes de otros municipios de Córdoba, en Lorica hicieron lo mismo y los secretarios de educación departamental y municipal reconocieron el reajuste de la pensión de jubilación a los profesores con el argumento que tenían 50 años y habían cumplido 20 de servicio.
Dichas resoluciones se expidieron sin el lleno de los requisitos legales para tal fin, es decir, sin la revisión y la aprobación por parte de la Fidupreviusora, organismo encargado de establecer si realmente los profesores tienen o no derecho a la pensión.
Pese a lo anterior, los jueces decretaron como medida cautelar el embargo de las cuentas del Ministerio de Educación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de la Fiduprevisora.

Sigue investigación
Mientras se empezó a destapar el capítulo de Lorica, la Fiscalía General de la Nación sigue buscando a varios de los abogados que están prófugos de la justicia y que han sido considerados como los pioneros en la gran estafa a los recursos de la Nación, pues las demandas alcanzaban cifras cercanas a los 300 mil millones de pesos.
Las autoridades buscan ahora a los hermanos Jaime y Heliodoro Agámez Pineda, a su hijo Jaime Agámez Venegas, a la exfiscal Luz Elena Polo Rodríguez y al abogado Libardo Enrique Morales.
Como se recordará un juez y 12 abogados fueron capturados el pasado 21 de febrero en Montería y trasladados a Bogotá, pero dos días después quedaron en libertad porque sus defensores adujeron que se habían vencido los términos legales para ponerlos a disposición de la justicia.
El compromiso con los implicados, luego de quedar vinculados al proceso, era que se presentarían cuando las autoridades los requirieran. Sin embargo, no se presentaron a la audiencia en donde les iban a imputar los cargos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y privado y falsedad ideológica en documento público.
Hay que anotar que de los nueve restantes hay ocho que se allanaron a los cargos entre ellos el juez promiscuo del municipio de Planeta Rica, y hay uno, Lefter Herrera, se declaró inocente y dijo que cuando se percató del fraude había renunciado al poder que le había firmado a un reconocido personaje en el municipio de Cereté.
Finalmente se indicó que el Consejo Seccional de la Judicatura también iniciará una serie de investigaciones contra los abogados dado que están dilatando el proceso y no se presentan a las audiencias.