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En firme suspensión del Alcalde de Morroa

El Tribunal Administrativo de Sucre dejó en firme la suspensión del cargo que le impuso la Procuraduría al alcalde de Morroa Benjamín Salcedo Pérez.

El mencionado tribunal revocó una tutela que había interpuesto el mandatario contra el fallo en el que la Procuraduría Regional de Sucre lo sancionó con Suspensión e inhabilidad especial para desempeñar funciones públicas durante 12 meses.

El fallo de la Procuraduría fue proferido el 14 de septiembre de 2010, tras el proceso abierto por la queja interpuesta por Angélica María Corena López, aspirante en el concurso para elegir al gerente de la ESE San Blas de Morroa.

Según el proceso, el mandatario como miembro de la junta directiva de la ESE se extralimitó en sus funciones, pues pese a que Corena López ocupó el tercer lugar en la lista de elegibles, no fue incluida en la terna para que la junta directiva seleccionara al nuevo gerente.

Contrario a lo que indica la norma del concurso, la junta directiva incluyó en la terna no al tercer puntaje –el de Corena López- sino a otra persona que no estaba dentro de los tres primeros lugares.

En primera instancia la Procuraduría Provincial de Sucre emite la sanción contra el Alcalde de Morroa imponiéndole 12 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos, pero este recurre a una tutela aduciendo violación al debido proceso y a la defensa, con lo cual retornó al cargo.

En la impugnación la Procuraduría Regional de Sucre expresa que la Procuraduría General de la Nación a través de las Procuradurías Provincial de Sincelejo y Regional de Sucre no vulneraron los derechos al debido proceso y defensa del mandatario, pues no es cierto que las normas citadas en el auto de cargos como vulneradas sean distintas a las señaladas en el fallo, por el contrario en ambas instancias al disciplinado se le convocó y sancionó por violación del acuerdo 001 de 2008 proferido por la Junta Directiva de la ESE por medio del cual se convocó a un concurso para selección de una terna para elegir al Gerente y en donde precisamente se establece que el Decreto 3344 de 2003 es la norma que sirve de fundamento.

En ese sentido, el Tribunal Administrativo de Sucre revocó la sentencia proferida el 8 de marzo de 2011 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo por lo expuesto en la parte motiva.

 

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