Un desfalco cercano a los 400 mil millones de pesos se evitó con la denuncia del cobro indebido de pensiones de profesores que hoy tiene a 13 cordobeses en el búnker de la Fiscalía en Bogotá.
De acuerdo con lo señalado por el Gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien instauró la denuncia a principios del año anterior, el fraude se iniciaba con la solicitud formal que presentaban los abogados ante la Secretaría de Educación de Córdoba para que los maestros accedieran a la pensión, sin tener derecho a la misma y allí les reconocían tales derechos.
Por esa causa fueron trasladados a Bogotá, luego de su captura, el juez promiscuo del circuito de Planeta Rica, Ángel Darío Aycardi Galeano, y el secretario del mismo juzgado, Germán Agustín Albarino Otero.
Se llevaron además a los abogados Lefther Manuel Herrera Taboada, Gustavo Rhenals Nova, los hermanos Heliodoro Alfredo Agámez Pineda y Jaime Agámez Pineda, así como al hijo de Heliodoro, Alfredo José Agámez Venegas.
En el mismo vuelo comercial trasladaron a Oscar Luis Vidal Arrieta, Luz Helena Polo Rodríguez, Fernando Antonio Mendoza Vellojín, Libardo José Morales Jiménez, Daniel López Palencia y Tony de Jesús Luna Espitia, ex funcionario de la Secretaría de Educación y pieza clave en el denominado carrusel de la educación.
Se inicia investigación
La investigación inicial se venía adelantando desde que la anterior gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz Correa, instauró la denuncia formal indicando que se estaban pagando de manera fraudulenta unas pensiones a las que los profesores ocasionales no tenían derecho.
Con la llegada del nuevo gobernador, Alejandro Lyons, nuevamente se activó el proceso y se inició un disciplinario a 20 funcionarios de la Gobernación de Córdoba, debido a que “guardaban celosamente” las resoluciones y no las enviaban al Fondo de Prestaciones del Magisterio, como debe hacerse para que este le diera su aprobación, sino que esperaban un plazo prudente para que se vencieran los términos y los actos administrativos quedaran en firme, para poder hacer las solicitudes de embargo ante los jueces.
El papel del funcionario de la Secretaría de Educación de Córdoba consistía en buscar listados en los cuales aparecían docentes y les falsificaban la firma para hacer la misma reclamación sin que estos supieran.
Como se recordará inicialmente la Procuraduría de Córdoba decidió suspender, en un fallo de primera instancia, a los funcionarios de la Secretaría de Educación, Tony Luna, capturado en el operativo; y José Miguel Chica, quien fue exonerado de cargos tras comprobarse que a él también le falsificaron la firma cuando se desempeñaba como secretario de Educación de Córdoba.
De igual forma, se había decretado la suspensión del juez de Planeta Rica, Ángel Aicardy, quien fue uno de los que autorizó el embargo por cerca de 1.400 millones de pesos, para el pago de pensiones con resoluciones falsas.
Aunque en su momento el juez había señalado que actuó ajustado a la ley y que simplemente trató de proteger los derechos de los trabajadores basado en el principio de la buena fe y que si las resoluciones eran o no falsas ello no era de su competencia, la justicia determinó vincularlo en el proceso como uno de los principales responsables del desfalco.