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Falsifican firmas a docentes del carrusel de pensiones

Una de las profesoras que está implicada en el caso del carrusel de pensiones señala que ella jamás hizo reclamación alguna y que abogados le falsificaron la firma para apropiarse de un dinero.

Se trata de una docente que labora  en el municipio de Planeta Rica, quien indicó que ella jamás ha reclamado recursos correspondientes a pensión y sin embargo, aparece en la lista como si hubiera recibido la suma de 70 millones de pesos.

Ella, quien aún es profesora en ejercicio, sostuvo que instauró la denuncia ante la Fiscalía con el fin de aclarar la situación pues una vez se enteró del proceso buscó los documentos correspondientes y detectó que su firma había sido falsificada.

Como ella hay por lo menos mil maestros más en el departamento según lo indicado por la Asociación de Maestros de Córdoba, Ademacor.

La situación en Córdoba es grave. En representación de 32 docentes el grupo de abogados hizo una reclamación por una cifra cercana a los 4.100 millones de pesos que nunca llegaron a manos de los supuestos reclamantes.

El presidente de Ademacor, Domingo Ayala, dijo que los abogados falsificaban las firmas que aparecen en los poderes para reclamar unas pensiones a las que no tenían derecho.

Aseguró que en algunas oportunidades cuando salía la plata se acercaban a los profesores y les entregaban una suma inferior a la que les correspondía y en otros casos los profesores se dejaban convencer por los abogados para timar al Estado.



¿Cómo operaban?

La denuncia formal fue hecha a principios de este año por el gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

El fraude se iniciaba con la solicitud formal que presentaban los abogados ante la Secretaría de Educación de Córdoba para que los maestros accedieran a la pensión sin tener derecho a la misma y allí les reconocían tales derechos.

Por esa situación hay 20 funcionarios de la Gobernación de Córdoba a los cuales les están adelantando una investigación interna.

Dichos actos eran “guardados celosamente” en la secretaría y no se enviaban al Fondo de Prestaciones del Magisterio como debe hacerse para que este le de su aprobación. Esperaban un plazo prudente para que se vencieran los términos y actos administrativos quedaran en forme para poder hacer las solicitudes de embargo ante los jueces.

También se denunció, que con la complicidad de funcionarios de la secretaría de educación, buscaban listados en los cuales aparecían docentes y les falsificaban la firma para hacer la misma reclamación sin que estos supieran.

Luego de una investigación inicial la Procuraduría de Córdoba decidió suspender, en un fallo de primera instancia, a los funcionarios de la secretaría de educación Tony Luna y José Miguel Chica, quienes apelaron el fallo y están esperando la decisión de segunda instancia.

Por otro lado se decretó la suspensión del juez de Planeta Rica, Ángel Aicardy, quien fue uno de los que autorizó el embargo por cerca de 1.400 millones de pesos para el pago de pensiones con resoluciones falsas.

El juez señaló que actuó ajustado a la ley y que simplemente trató de proteger los derechos de los trabajadores basado en el principio de la buena fe.

Reiteró que si las resoluciones eran o no falsas ello no era de su competencia y que eso deberá determinarlo la Fiscalía.



Habló abogado

Por su parte, el abogado Jaime Agámez dijo que ellos no tienen firmas falsas y que los documentos con los que hicieron las reclamaciones son legales y válidos.

Manifestó que está de acuerdo con que se hagan las investigaciones con el fin de aclarar la situación de una vez por todas.

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