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Homicidios de líderes de tierras impiden restitución

Martha Gaibao, recientemente asesinada en La Apartada, era vocera del proceso de reubicación de 17 familias y sólo tras el pronunciamiento del defensor se reconoció su trascendencia.

La muerte de Martha Gaibao ocurrido en el muniipio de La Apartada se había manejado como un caso más de los múltiples que ocurren en Córdoba.
Solo después de las declaraciones del Defensor Nacional del Pueblo, Volmar Pérez, se dimensionó que se trataba de una importante líder del proceso de restitución de tierras de 17 familias en el municipio de Ayapel.
El Defensor del Pueblo  repudió el hecho y expresó su preocupación por este nuevo hecho de violencia contra líderes de familias desplazadas.
Pidió a las autoridades competentes adoptar medidas eficaces de protección para los voceros de restitución de predios en Córdoba.
La Defensoría del Pueblo señaló que el liderazgo de Gaibao como interlocutora frente a la administración municipal en procesos de restitución de tierras, le valió el reconocimiento de varios sectores de la comunidad como líder de la población desplazada.
Esa entidad, a través de la resolución de tierras 858-10, que se ocupa de la problemática de las tierras en esta región del país, "había señalado que el caso de las familias desplazadas representaba un riesgo por la presencia de grupos armados ilegales en la subregión del alto San Jorge, que han realizado actos de intimidación y amenazas de muerte contra integrantes de la Asociación de desplazados del municipio de la Apartada-Asodeslap".
Frente a esta situación la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades competentes a poner en marcha un programa de protección colectiva y adoptar medidas eficaces contra los factores de riesgo identificados en esta región del país.
Pérez señaló que la muerte violenta de líderes de tierras en Córdoba "parece constituir una forma de presión armada para impedir los procesos de restitución de tierras y un acto de intimidación sobre las personas que reclaman el respeto y garantía de su derecho a la tierra".
La entidad señaló igualmente que el Informe de riesgo número 012-10 realizado por el Sistema de Alertas Temprana,  SAT, para el municipio La Apartada, "recomendó a la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía municipal de La Apartada, gestionar ante el Ministerio de Defensa Nacional el aumento y la presencia de las unidades policiales en la zona urbana y rural del municipio para proteger la vida, la integridad y la seguridad de la población civil".


OTROS HECHOS VIOLENTOS
La Defensoría del Pueblo también se pronunció en torno a la muerte violenta de Luis Miguel Peña, estudiante de décimo grado de la escuela Julio Miranda, de 15 años de edad, quien fue asesinado el domingo 8 de mayo en la vereda El Naranjo en el municipio de San Antero, Córdoba.
Pérez Ortiz dijo que con este caso ya seis son los estudiantes asesinados en esta región del país entre enero y mayo de 2011.
El más reciente hecho de violencia contra estudiantes se presentó el Jueves Santo en zona rural de Montelíbano, cuando hombres sin identificar acabaron con la vida de Juan Carlos Ramírez, quien cursaba octavo semestre de derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería.
El Defensor recordó que en el mes de enero en el municipio de San Bernardo del Viento murieron de manera violenta Mateo Matamala y Margarita Gómez, estudiantes de la Universidad de los Andes y un mes después, en zona rural de Cereté, fueron asesinados los estudiantes Juan Carlos Ariza y Silvia Mora Castillo.

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