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Hoy apela el abogado del alcalde de Ciénaga de Oro

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De acuerdo con lo señalado por el abogado Orlando Acuña, justamente hoy apelará la decisión señalando que el mandatario de la localidad actuó ajustado a derecho dando cumplimiento a la Constitución.

Como se recordará la Procuraduría encontró al alcalde de Ciénaga de Oro responsable de haber comprometido el patrimonio del municipio sin contar con las apropiaciones presupuestales correspondientes, en exceso del saldo disponible de apropiación, y sin contar con las debidas autorizaciones por parte del Concejo Municipal para asumir el pago de acreencias laborales en una cuantía de $8.191’936.725.

Los hechos investigados por la Procuraduría están relacionados con la suscripción, el 9 de marzo de 2010, de tres contratos de transacción con Silvia Helena Garcés Carrasco, apoderada de varios funcionarios de la alcaldía municipal, reconociendo el pago de obligaciones laborales que habían sido rechazadas por la jurisdicción contencioso administrativa.

En los meses de agosto y septiembre de 2010 se suscribieron tres acuerdos de pago con la apoderada de los demandantes, para un gran total de $9.293’847.547 en detrimento del patrimonio municipal.

   Entre las consideraciones expuestas por la Procuradora Delegada, se señala que los tres contratos de transacción suscritos por el implicado el 9 de marzo de 2010, reconociendo el pago de acreencias laborales que habían sido rechazadas en primera y segunda instancia por la jurisdicción contenciosa administrativa, comprometieron seriamente el presupuesto municipal.

Se pudo establecer además que al no existir obligación de cancelar suma de dinero alguna por concepto de intereses a las cesantías ni sanción moratoria, el supuesto pasivo prestacional a cargo del municipio era inexistente a la luz de lo dispuesto por la jurisdicción contenciosa, y por lo tanto no había lugar a incluirlo como una carga prestacional dentro de la liquidación de obligaciones para tramitar por el régimen de la Ley 550 de 1999.

A juicio del Ministerio Público, la razón por la cual se suscribieron los contratos de transacción con total y abierto desconocimiento de las sentencias judiciales mencionadas, no fue otro que ir preparando la existencia de una supuesta carga prestacional que pudiera incluirse dentro de la liquidación de pasivos y poder así relacionarla como una obligación a cargo del municipio para el trámite de la reestructuración de pasivos ante el Ministerio de Hacienda.

“La conducta irregular del alcalde Plinio Humberto D'Paola Cuello constituye falta disciplinaria contemplada como gravísima a la luz del Código Único Disciplinario”, señala la procuradora para la vigilancia pública, María Eugenia Carreño.

La funcionaria insistió en que el alcalde “Maniobró para defraudar el Municipio”.

 

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