“Ya pasó el ultimátum de 15 días que me dieron, y claro, así trate de hacer una vida tranquila sigue presente el miedo”, dice la juez Penal del Circuito del municipio de Lorica, Córdoba, Martha Liliana Escobar, quien el pasado tres de marzo recibió en sus manos un sufragio acompañado de una nota en la que le advertían que si no salía de la población acabarían con su vida.
Aunque de inmediato dio aviso a las autoridades, sólo ahora, casi un mes después, decidió hacer público su caso, ya que no quiere correr la misma suerte de su colega de Arauca, Gloria Constanza Gaona, quien fue asesinada el pasado martes en el municipio de Saravena.
El mensaje de letras rojas y tono amenazante en el que le pedían abandonar la población cordobesa durante las dos semanas siguientes, fue descubierto por el secretario de su despacho, a quien ese jueves en la mañana Martha Liliana le pidió revisar el contenido del sobre que llegó junto al resto de su correspondencia.
“Cuando él vino estaba muy asustado; llegó acompañado por otro funcionario. Para ellos también fue una sorpresa igual y quedaron muy angustiados con eso”, recuerda.
Con apenas 34 años, la joven funcionaria ya lleva 10 ejerciendo como jueza, dos de ellos en Lorica y es la primera vez que recibe una amenaza de este tipo.
Si bien no tiene hijos y su familia vive en un lugar lejos de allí, sabe que su vida y la de su madre se dividió en dos partes a partir del 3 de marzo: “Con las amenazas se logra perturbar, asustar, crear inestabilidad y dar zozobra y sabemos que eso era lo que buscaban acá”.
En cuanto puso el denuncio, le fue asignado un policía que la acompaña a todas partes; además, las autoridades realizan permanente monitoreo en su casa y oficina. Sin embargo, cree que “no es suficiente”. La muerte de la jueza Gaona no sólo acrecentó su miedo, sino que logró prender las alarmas sobre la clara desprotección en la que se encuentran los jueces y fiscales del país.
“Cuando uno inicia este tipo de oficios sabe que se está enfrentando a una actividad muy compleja, pero ya cuando aparecen las amenazas uno piensa mucho, sobre todo en la familia, los amigos y las personas que uno quiere”, agrega la funcionaria, quien tiene a su cargo casos de delitos sexuales y porte y tráfico de armas.
Riesgo colectivo
Como la juez Martha Liliana, son cientos los funcionarios de la Rama Judicial quienes se encuentran en una situación de riesgo por cuenta de las decisiones que tienen que tomar en el día a día de sus oficios.
Según datos de Asonal Judicial, durante los últimos cuatro años 750 jueces han sido amenazados y 13 han sido asesinados desde el 2008. Incluso, se tiene el registro de 163 funcionarios que han tenido que abandonar el país por esta misma causa.
Lo preocupante para el gremio que agrupa a los servidores de la justicia es que sólo la muerte de una de sus jueces logró poner de presente la inseguridad en la que se encuentra la mayor parte del sector.
“No es paranoia”
Como medida de protección hay quienes han optado por no permitir el ingreso de cámaras de foto o video y grabadoras a las audiencias en los juzgados. Aunque la medida parecería exagerada, las constantes amenazas de las que son objeto los han llevado a ‘blindarse’ de cualquier forma de riesgo y en lo posible tratan de ocultar sus rostros (como cuando esa figura existió en la justicia colombiana, generando más problemas que soluciones).
Una juez de conocimiento consultada por Colprensa, asegura que la medida no es por paranoia, como lo han llamado ciertos periodistas, sino que al tratar temas tan delicados y con personajes que ostentan tanto poder, ya sea político, económico o armado ponen en “grave peligro” su vida y les dificulta su trabajo.
“Las reiteradas amenazas e incluso atentados, nos han forzado a todos los jueces a tomar medidas extremas como lo es cuidar nuestro rostro y hacer por todos los medios que permanezca oculto. Los señalamientos y ataques contra nuestra integridad nos obligan a hacer esto”, explica.
Para esta juez, quien solicitó mantener su identidad oculta por razones de seguridad, es preocupante que en ocasiones las amenazas contra su integridad las reciben en los propios estrados judiciales, de parte de los imputados o sus familiares.
“Más allá de jueces somos seres humanos”, dice la funcionaria, al recordar que el miedo se ha vuelto una constante en sus vidas: “Todos los jueces del país tenemos miedo, lo hemos tenido hace muchos años y lo seguiremos teniendo si no se toman las medidas para protegernos, administrar justicia y hacer brillar la verdad”.
Falta presupuesto
Sin embargo, la carencia de medidas de protección no es del todo responsabilidad de las autoridades. El Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Hernando Torres, dice que la justicia no cuenta con el dinero necesario para implementar esquemas de seguridad superiores para los jueces y fiscales de todo el territorio nacional.
El alto tribunal dice que hay 160 mil millones de pesos asignados para el presupuesto, pero por una calificación en el Ministerio de Hacienda como recursos sin destinación de fondos especiales, el dinero está “simplemente en la ley”.
El asesor Jurídico y Político de Asonal, Fabio Hernández, argumenta que a la falta de recursos se suma una falla más: los esquemas de seguridad se quedan en las altas esferas de la justicia y no llegan a los sectores más apartados.
“Hay un abandono profundo del Estado y de la propia sociedad hacia los operadores judiciales en general (…;) no es posible que en un país con un conflicto como el nuestro, los funcionarios no cuenten con la más mínima medida de seguridad”, señala.
Aunque es consciente de que el riesgo es “imposible” eliminarlo, sí considera que con un esquema organizado la amenaza podría reducirse.
Para Hernández “buena parte de la dotación para funcionarios va a parar en personas que pueden tener una alta ubicación en la burocracia estatal, pero que no tienen mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones”.
Múltiples esfuerzos
Pese a la falta de dinero, son muchos los esfuerzos que ha realizado la rama para evitar episodios dolorosos como el ocurrido con la jueza Gaona.
El magistrado Torres afirma que la Sala Administrativa de la Judicatura ha tenido que mover en los últimos años a 197 jueces de sus despachos, con el fin de preservar sus vidas.
“Cuando los organismos de seguridad nos dicen que están en un estado de alta peligrosidad, inmediatamente procedemos a moverlo”.
Sin embargo, advierte que eso termina por generar una “disfunción” en el aparato de justicia. “Lo que significa que hay agresiones permanentes contra el poder judicial y que esperaríamos una mejor comprensión por parte del Ejecutivo en materia de recursos”.
Un caso sonado
El 14 de junio de 2010 la Juez Cuarta especializada de Bogotá, María Stella Jara, quien profirió condena de 30 años contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega por las desapariciones en la retoma al Palacio de Justicia, tuvo que abandonar el país en compañía de su hijo menor de edad, tras recibir un sufragio y otras amenazas de muerte.
Aunque la funcionaria contaba con un completo esquema de seguridad, antes de su viaje había denunciado seguimientos y llamadas intimidantes en contra de su integridad y la de su hijo.
Hace un par de semanas -casi un año después- Jara regresó al país, aún con miedo por su vida y la de sus compañeros de rama. “Todos corremos peligro. Desde el que juzga a un alto mando, hasta el que lleva el proceso de un simple atracador”, afirma.
Posibles autores
Aunque la mayor parte de las amenazas se queda en el anonimato, Asonal Judicial indica que los principales autores intelectuales de las mismas son los grupos de Paramilitares, ahora conocidos también como bacrim (bandas criminales). También miembros de delincuencia común y guerrilleros.
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