La Supersalud sancionó a Manexca y a otras EPS

Los entes territoriales tienen la obligación de inspeccionar, vigilar y controlar el servicio que están prestando los hospitales y centros públicos y privados. //
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La Superintendencia adelanta más de dos mil investigaciones a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), entes territoriales y Empresas Promotoras de Salud (EPS).

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) sancionó a varias entidades prestadoras de salud, entre ellas a la Asociación de Cabildos de Resguardos Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento de Córdoba y Sucre (Manexca EPSI) por fallas en la prestación del servicio.
Supersalud sancionó con más de 55 mil millones de pesos en total a 287 entidades del sector por fallas en la atención de los servicios de salud, negación de los servicios del Plan Obligatorio de Salud (POS) en aseguramiento de los servicios de salud e incumplimiento de la normatividad.
Las sanciones se produjeron entre el 2009 y lo que va del presente año.
La Superintendencia adelanta más de dos mil investigaciones a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), entes territoriales y Empresas Promotoras de Salud (EPS).
Darío Cantillo, superintendente Delegado para la Atención en Salud, dijo que durante 2009 la Supersalud sancionó a 136 vigilados por un monto de $44.041.406.433 millones, y ha emitido 151 resoluciones sancionatorias por una suma de $11.290.602.500 millones en los primeros cinco meses de 2010. Las penalidades son producto de las 2.163 investigaciones administrativas que adelanta la entidad. Es importante aclarar que las actuaciones de Supersalud son producto de visitas, denuncias, quejas y reclamos de los usuarios del Sistema.
Entre los sancionados figuran además de la Asociación de Cabildos de Resguardos Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento de Córdoba y Sucre (Manexca EPSI), la Alcaldía Distrital de Tumaco, Dirección Territorial de Salud de Caldas, Dusakawi EPSI, Cooperativa de Salud Comunitaria EPSS (Comparta), Comfamiliar Camacol Antioquia, Capresoca, Cafam, y Alcaldía del municipio del Carmen de Bolívar.
Durante las investigaciones, la Superintendencia Nacional de Salud encontró varias anomalías como fallas en la calidad de atención en salud, en la prestación de los servicios de urgencias, traslados irregulares de afiliados del régimen subsidiado, en el pago de incapacidades y licencias médicas, y desafiliaciones irregulares de usuarios.
Adicionalmente, observó incumplimientos en el Plan de Atención Básica, en la Ley de Infancia y Adolescencia, en el manejo de Residuos Hospitalarios, y en general en la normatividad que rige el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.
Los vigilados sancionados se encuentran principalmente en los departamentos de Sucre, Antioquia, Bolívar, Caldas, Chocó, Córdoba, San Andrés Islas y Valle del Cauca, así como en la ciudad de Bogotá.
Por su parte, Héctor Gabriel Gómez Velásquez, director de Calidad de la Superintendencia de Salud explicó que a las Secretarias de Salud en 2009 se les hizo una evaluación del cumplimiento de las funciones asignadas por el Sistema. “Todas las entidades territoriales deben vigilar en sus prestadores de servicios de salud que cumplan con los estándares de habilitación, y en ese sentido a todas las entidades se les hizo evaluación para saber cuales cumplían y cuales no lo hacían, cuales estaban vigilando a sus prestadores de salud para que cumplieran todos los estándares que se les exige para estar funcionando”.
Dijo que dentro de las obligaciones que le asignan a las entidades territoriales están las de garantizar la vacunación a los menores de un año y cumplir con un 95 por ciento de cobertura, lo cual es revisado por la Supersalud; también tienen que vigilar el manejo de residuos en su jurisdicción.
“A las entidades territoriales aproximadamente se les vigiló en ocho procesos de obligatoria vigilancia por parte de ello y a quienes no cumplieron se les abrió un proceso sancionatorio, algunos de los cuales están en apertura de investigación, otros en descargos y en recurso de reposición, por eso no puedo precisar cuantas investigaciones abiertas tiene el departamento de Sucre específicamente”, precisó.
Aunque advirtió que, una vez concluya el proceso, el cual debe tardarse entre dos o tres meses, y esté en una etapa más adelantada, comunicará a la comunidad los resultados del mismo.
Gómez Velásquez aseguró que una de las fallas en la que más incurren las entidades territoriales es la falta de vigilancia sobre sus prestadores de salud, pese a que la Ley 715 les da la obligación de vigilar los procesos de atención de urgencias en su jurisdicción, y el año pasado se evaluó todo eso y encontraron que habían deficiencias en ese sentido. “La mayoría no están cumpliendo con su función de inspeccionar, vigilar y controlar en los hospitales públicos y privados de su jurisdicción, y en ese sentido la Superintendencia está ejerciendo un control estricto”, puntualizó.

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