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Magistrado Pretelt definió la suerte de los lavadores

La esperanza de Juan Aníbal Arroyo de llevar el sustento diario a su hogar se vio truncada cuando las rampas de madera donde lavaba carros fueron derribadas  por una retroexcavadora, ordenada por la administración municipal meses atrás.

Allí empezó la odisea de 56 trabajadores, la mayoría de ellos desplazados por la violencia de municipios como Ciénaga de Oro, Tierralta y Valencia, con el fin de encontrar una solución al desalojo que se les venía encima.

Pese a las amenazas de desocuparlos a la fuerza, Julio César Pérez tomó la vocería de sus compañeros y entabló, en el mes de mayo de este año, la tutela en contra del municipio de Montería y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS).

Debido a la presión de las autoridades tuvieron que ubicarse en el mismo espacio junto a los recogedores de arena.

Hoy, Julio César empuña con entusiasmo el documento que le confirma que pueden seguir trabajando dignamente. Se trata del fallo aprobatorio que expidió la Corte Constitucional.

“Nosotros pedimos que se nos reubicara o que nos indemnizaran, pero el Alcalde no nos daba respuesta, por eso entutelamos pues no podíamos dejarnos morir de hambre”, indicó el vocero de los lavadores de carros ubicados frente a Carrefur, a orillas del Sinú.

Explicaron que el proceso de desalojo lleva casi un año, en el cual a  algunos de ellos les han cortado los servicios en sus casas e incluso han dejado de darle estudio a sus hijos por falta de ingresos que les ayude a mejorar su  calidad de vida, como es el caso de Alfredo Cantillo, uno de los afectados.

Ahora esperan que si el proyecto de extensión de la Ronda del Sinú llega a concretarse, la Administración Municipal les brinde las condiciones de reubicación adecuadas para continuar con el trabajo que ellos califican como honesto y que los hace sentir orgullosos.

Magistrado monteriano

Luego de dos fallos en los tribunales monterianos, la situación dio un giro inesperado en la Corte Constitucional.

El caso llegó a manos del magistrado de esta capital Jorge Pretelt Chaljub quien en la parte resolutiva señala que no se puede vulnerar el derecho al trabajo.

Insiste en la condición de pobreza de los lavadores de carros ubicados en el lugar y los conmina a seguir ejerciendo su labor en el mismo sitio.

Extreman medidas

El secretario del interior de Montería, Jairo Salazar Macea, dijo que extremarán las medidas de control para evitar que personas inescrupulosas se aprovechen de este fallo para invadir las orillas de los ríos y seguir contaminándolo.

Dijo que ya se había iniciado un proceso similar con los lavaderos que estaban ubicados en el norte de Montería pero que estaban esperando la decisión judicial para que no les ocurriera lo que ha pasado en ocasiones anteriores cuando desalojan y luego la justicia los obliga a reintegrar a los afectados.

Salazar dijo que en el caso de los lavadores de carros estos no habían sido desalojados sino que se había suspendido la actividad pero los trabajadores del lugar señalan que sí habían sido sacados y que por ello tuvieron que ubicarse en el sitio donde ejercen su actividad los areneros.

Reiteran que ellos no pretenden convertirse en un obstáculo para la administración sino que están pidiendo las garantías necesarias en aras de seguir trabajando.

Insisten en que solo querían ser reubicados. Ahora esperarán que todos socialicen el fallo para volver al lugar donde se encontraban antes.

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