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No se pueden recuperar los $8 mil millones robados

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Los cerca de 8 mil millones de pesos que pagó el entonces gobernador Jaime Torralvo en 2008 para la ejecución de unos contratos que nunca se hicieron no podrán recuperarse.

Así lo indicó el contralor de Córdoba, Felipe Santiago Pérez, quien indicó que esta acción no se podrá adelantar a través de las aseguradoras porque las pólizas están vencidas y en otros contratos ni siquiera se hizo póliza.

Como se recordará esta plata se encuentra desaparecida desde noviembre de 2008 cuando el ex gobernador Jaime Torralvo suscribió un convenio interadministrativo con la Asociación de Municipios del San Jorge, Asosanjorge, para la realización de 11 obras en los municipios de la región de las cuales solo tres se iniciaron y en los otros casos se ‘esfumaron cerca de 7.566 millones que fueron declarados como detrimento patrimonial por parte de la Contraloría Departamental.

Pérez Díaz insistió en que la clase política de Córdoba es la responsable que se hayan robado cerca de 8 mil millones de pesos por la inestabilidad que crearon al demandar la supuesta inhabilidad de la gobernadora Marta Sáenz.

Hizo duras críticas a las anomalías que se dieron en el Departamento durante el tiempo en que no se posesionó la titular y en el que gobernaron cerca de 8 personas a Córdoba señalando que habían despachos alternos dedicados a la firma de contratos.

Advirtió que una situación similar se registró en el municipio de Montelíbano por valor de 17 mil millones de pesos, también firmados con Asosanjorge.

“Lamentamos que los jueces no actúen con diligencia”, indicó el contralor señalando que las inversiones hechas en este convenio firmado por 12 mil millones solo ascienden a 4.300 millones.

Calificó el hecho como el más aberrante que ha ocurrido en Córdoba en los últimos años y dijo que en la cuenta de la Asosanjorge deberían estar 318 millones de pesos toda vez que giraron a los subcontratistas casi la totalidad de los recursos y solo hay 92 mil pesos.

“El convenio se utilizó por parte de la Gobernación para evadir el proceso de licitación”, reiteró el contralor señalando que le da pena lo que ocurrió en Córdoba y mucho más que la contraloría general de la República, gerencia departamental, haya archivado el proceso pese a que las pruebas señalaban el detrimento a la vista.

 

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