Regional


Nuevas órdenes de captura por “carrusel de la educación” en Córdoba

NIDIA SERRANO M.

16 de abril de 2013 07:54 PM

La Fiscalía General de la Nación expidió nuevas órdenes de captura contra cinco abogados del denominado “cartel de la educación” luego que estos no se presentaran voluntariamente ante el juez de control de garantías.
Las autoridades buscan ahora a los hermanos Jaime y Heliodoro Agámez Pineda, a su hijo Jaime Agámez Venegas, a la exfiscal Luz Elena Polo Rodríguez y al abogado Libardo Enrique Morales.
Los mencionados habían sido citados ante un juez para que respondieran por el delito de peculado toda vez que participaron en el presunto desfalco en las arcas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por valor cercano a los 64 mil millones de pesos.
Como se recordará un juez y 12 abogados fueron capturados el pasado 21 de febrero en Montería y trasladados a Bogotá, pero dos días después quedaron en libertad porque sus defensores adujeron que se habían vencido los términos legales para ponerlos a disposición de la justicia.
El compromiso con los implicados, luego de quedar vinculados al proceso, era que se presentarían cuando las autoridades los requirieran. Sin embargo, no se presentaron a la audiencia en donde les iban a imputar los cargos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y privado y falsedad ideológica en documento público.
Hay que anotar que de los nueve restantes hay ocho que se allanaron a los cargos entre ellos el juez promiscuo del municipio de Planeta Rica, y hay uno, Lefter Herrera, se declaró inocente y dijo que cuando se percató del fraude había renunciado al poder que le había firmado a un reconocido personaje en el municipio de Cereté.
Inicialmente se especuló en Montería que la familia Agámez estaría gestionando su entrega en Bogotá para evitar el despliegue de los medios locales. Sin embargo, no se ha hecho efectiva.
Finalmente se indicó que la abogada Luz Helena Polo, además de estar vinculada al proceso tiene una orden del Juzgado Laboral de descongestión de Montería para devolver una suma cercana a los 13 mil millones de pesos.

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