Un nuevo caso de corrupción en el sector educación de Córdoba fue destapado por el Gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, y el presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), Domingo Ayala Espitia, quienes denunciaron la doble vinculación de docentes en Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Según el mandatario seccional, algunas firmas del sector de la salud utilizan nombres de muchos educadores para incluirlos en sus listas como afiliados, a sabiendas que ellos gozan de un régimen especial a través del fondo del magisterio. “Esto es grave y vamos a escudriñar quiénes están detrás de este nuevo cartel de mercaderes y trataremos de establecer si hay funcionarios nuestros metidos en este caso para denunciarlos ante la Fiscalía”, apuntó el Gobernador Lyons.
Así mismo anunció dar a conocer los nombres de las entidades de la salud que incurrieron en la falsedad, porque están usufructuando ilegalmente cuantiosos recursos públicos, inclusive, sin registrar afiliados en sus sistemas.
Que expliquen: Domingo Ayala
Para el presidente de Ademacor, Domingo Ayala, quien llegó con la denuncia al despacho del gobernador, esta nueva modalidad de corrupción al magisterio es un misterio, pues no se explica cómo las EPS y ARS obtuvieron la información de los docentes, quienes en ningún momento solicitaron ser afiliados por fuera del régimen especial del magisterio.
Ayala Espitia indicó que exigirá explicaciones a las entidades descubiertas el por qué incurrieron en estas irregularidades, sin el consentimiento de los docentes que aparecen en sus inventarios.
¿Otro cartel?
Con este sería un nuevo cartel de corrupción alrededor del sector educación en Córdoba, especializado en desangrar fraudulentamente las rentas del departamento y los recursos que la Nación gira a sus arcas.
A inicios del primer semestre fue descubierto y desmantelado un tenebroso negocio ilegal orquestado entre abogados inescrupulosos, jueces de esta jurisdicción y funcionarios de la Gobernación, inclusive se llegó a insinuar participación de docentes en el descalabro de más de 300 mil millones de pesos.
Según las investigaciones, decenas de docentes obtuvieron de manera fraudulenta millonarias reliquidaciones de derechos pensionales. Para ello un grupo de abogados obtuvo certificados de la secretaría de educación, en los que constaban derechos supuestamente adquiridos, y con ellos acudieron a juzgados de Lorica, Planeta Rica, Sahagún y Chinú, desde donde avalaron las millonarias demandas pretendidas, no obstante las advertencias de los organismos de control y del Gobierno Nacional.
