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Pliego de cargos a 12 concejales de Montería

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Como una falta grave y una actuación con dolo fue calificada por la Procuraduría General de la Nación la aprobación de cuatro proyectos en una sesión realizada en el Concejo de Montería el pasado 8 de febrero a las 2 de la madrugada.

Por esa denuncia el mencionado organismo, tras varios meses de investigación, abrió pliego de cargos contra 12 concejales de Montería.

El procurador delegado Carlos Arturo Ramírez Vásquez confirmó que los miembros de la Corporación tienen 10 días para defenderse de las imputaciones y para aportar las pruebas necesarias para su defensa.

Los concejales a quienes les abrieron pliego de cargos fueron César Vergara Vidal, Oscar Ramírez, Daniel Márquez, Devier Acosta, José Francisco Navarro, Juan José González, Edgardo Espitia, Ludys Rodríguez, Reinaldo Peña, Aldrin Pinedo, Nelson Rivera y Remberto Álvarez.

Los anteriores aspiran a repetir curul en la Corporación excepto Devier Acosta quien decidió aspirar a la Asamblea de Córdoba.

La denuncia

Como se recordará la denuncia inicialmente fue instaurada el 19 de mayo de 2010 por los concejales Olga Pretelt, Efraín Peralta Durango y José Luis Díaz Pérez quienes consideraron que esa era una actitud negativa por parte de los compañeros de la Corporación.

En su oportunidad el Procurador designó a Clara Ivy González en calidad de procuradora primera delegada para que conociera el caso y el 10 de agosto de 2010 se abrió investigación preliminar.

Luego el 31 de agosto de 2010 se unieron a la causa el ex concejal Rafael Bustos, el ex candidato Antony Olarte y el ex concejal Amaury Contreras quienes instauraron una queja disciplinaria aduciendo que un grupo de concejales violó el artículo 75 el cual establece que todo proyecto de acuerdo que sea negado en primer debate debe ser presentado de nuevo.

Fueron aprobados en la oportunidad los proyectos de acuerdo del 002 al 005 pese a que en sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde encargado de la época, Gastón René García, el 5 de febrero de 2010, la Comisión tercera de presupuesto sesionó votando negativamente.

En las horas de la madrugada los proyectos ‘revivieron’ en una jugada política que hizo un grupo de integrantes de la Corporación.

Los proyectos aprobados en su oportunidad fueron el acuerdo de modificación del presupuesto de rentas y gastos, el plan de amnistía provisional para incrementar el recaudo tributario, autorizaciones al alcalde para realizar y suscribir modificaciones al acuerdo de reestructuración y el proyecto de acuerdo que exonera las multas de tránsito.

En el análisis del hecho la Procuraduría señala que el concejal Devier Acosta, como secretario ad hoc del segundo debate, certificó el trámite que se agotó al interior del Concejo municipal para la aprobación de los acuerdos 002 a 005 de 2010 que pasaron a sanción del alcalde municipal, pese a que conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del reglamento interno del Concejo, dicha función se encuentra en cabeza del secretario general, Oscar Eduardo Ospitia Garzón, quien no se encontraba ausente y por el contrario expresó su negativa a certificar hechos de los cuales no podía dar fe y por consiguiente certificar los hechos ocurridos en la sesión del pasado 8 de febrero.

Advierte además la Procuraduría que los concejales fueron citados por el primer y segundo vicepresidente violando la norma porque el presidente de entonces, Domiciano Arteaga, no se encontraba ausente y por el contrario no fue informado ni de la citación a sesión plenaria, ni del informe minoritario.

Por su parte el resto de concejales que no están implicados en el lío judicial declararon que ellos se encontraban en la ciudad de Montería y que no fueron citados.

Posición de la Procuraduría

La procuraduría General de la Nación señala en el fallo que los concejales César Vergara Vidal y Oscar Luis Ramírez, en su calidad de primero y segundo vicepresidente, aprobaron los proyectos sin que el informe de opinión diferente y minoritario hubiese pasado a control formal del presidente. “Excedieron su competencia”, advierte el informe.

De igual forma vinculan al resto de concejales que participaron en la sesión señalando que con su conducta pudieron haber transgredido el numeral uno del artículo 34 de la ley 734 de 2002 según la cual se establece que es deber de todo servidor público cumplir y hacer que se cumpla con los deberes contenidos en las leyes, los acuerdos municipales y los reglamentos.

“Se advierte que la mencionada convocatoria a sesión plenaria extraordinaria no cumplió adecuadamente con el principio de publicidad previsto en el reglamento interno del Concejo, ya que no se informa de publicidad alguna a través de la cual se hubiese garantizado la participación de la comunidad monteriana que presuntamente se vería beneficiada con la aprobación de los proyectos”, señala el fallo.

De igual forma establece que los concejales Manuel Fuentes Lugo, Antonio María Ortega, Efraín Peralta Durango, José Luis Pérez, Carlos Alberto Zapata y Olga Pretel no fueron citados o informados de la mencionada reunión.

“Los demás concejales deberán responder en la forma establecida en el artículo 6 de la Constitución Nacional siendo su conducta posiblemente constitutiva de falta disciplinaria”, señala el fallo en el que se abre pliego de cargos.

Señala con relación a la gravedad de la falta que el ilícito no puede tenerse en cuenta como falta gravísima y por ello la tipifican como grave.

Excluyen a Alcalde

El mismo fallo exonera de responsabilidad al alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García.

“No se ha acreditado objetivamente la comisión de falta alguna y dentro de las pruebas recaudadas ninguna tiene la virtualidad de comprometer su responsabilidad disciplinaria”, señala el fallo.

El mandatario dijo en su defensa que es función propia del alcalde municipal sancionar los acuerdos aprobados por el Concejo salvo cuando estos son objetables por motivos de inconveniencia o por motivos jurídicos.

Considera la Procuraduría que no hubo violación a la ley de garantías electorales pues en su momento los denunciantes indicaron que pretendía favorecer la elección de su madre, Nora García, quien aspiraba al senado y de su asesor David Barguil, quien aspiraba a la Cámara.

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