Según el organismo de control, hay 33 casos de irregularidades entre incidencia fiscal, disciplinaria y penal.
Leonardo Arbelaez, contralor de Minas, reveló que de los $13.000 millones destinados a presupuesto de obras municipales, el 30% está siendo cuestionado por falta de sustentación.
Uno de los contratos, envueltos en esta situación, es el relacionado con el tratamiento del arroyo Pichilín, una recuperación ambiental que se pretendía realizar con la extracción de lodo y material del río.
Inicialmente destinaron $1.400 millones, en una obra que tardaría un mes, luego se entregó una adición de $700 millones y finalmente una de $2.100 millones, justificando que las máquinas encargadas operaban 93.33 horas al día, se realizaría una capacitación a los habitantes de la zona y se plantarían 1.000 árboles por hectárea.
Sin embargo, la Contraloría comprobó que solo operaron máquinas 24 horas al día, los capacitados eran trabajadores del contratista y la zona no había sido reforestada.
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Primeros resultados de auditoría sobre Tolú
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