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Procuraduría formuló pliego de cargos

Por posibles irregularidades en el proceso de contratación de los planes maestros de acueducto y alcantarillado para 22 municipios de Sucre, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Octavio Jatib Dajud y Régulo Carmelo Puentes Cervantes, en sus condiciones de gerente de Aguas de Sucre S.A. ESP - Gestor del Plan Departamental de Aguas (PDA) y Secretario de Despacho de Infraestructura de la Gobernación e interventor del Plan Departamental de Agua de Sucre, respectivamente, quienes se encuentran actualmente desempeñando los cargos aludidos.

De acuerdo con la investigación, Jatib Dajud habría iniciado el proceso licitatorio de los planes maestros de acueducto y alcantarillado para 22 municipios del departamento de Sucre, con prepliegos en el portal único de contratación, aproximadamente un año después de aprobado y autorizado dicho proceso en el acta de comité directivo del 5 de junio de 2009.

Esta posible irregularidad fue calificada provisionalmente como grave pues “es intolerable que 22 comunidades del departamento estén sin el servicio de agua de manera óptima para mantener unas condiciones de salubridad inmejorables y, que sirvan de soporte de desarrollo socioeconómico”.

En segundo lugar, cuestiona la posible omisión del señor al no realizar las acciones necesarias para obtener las fuentes de financiamiento con el propósito de completar el presupuesto requerido para la contratación de obras de infraestructura en los municipios que integran el PDA, pese a que ya se tenía un 30 por ciento asegurado con los recursos del Sistema General de Participaciones 2008.

Se investiga además el posible no reintegro, por parte de Jatib Dajud, de los rendimientos financieros de los recursos al departamento de Sucre, los cuales estaban en la cuenta de la Empresa Aguas de Sucre S.A. ESP.

La Procuraduría reprocha también el uso indebido que Jatib Dajud habría dado a más de 1.400 millones de pesos, provenientes del Sistema General de Participaciones, los cuales fueron destinados en funcionamiento y no en inversión, así como la conducta omisiva del interventor del Plan Departamental de Agua de Sucre, Régulo Puentes Cervantes, quien permitió que se utilizaran estos dineros que tenían destinación específica para cubrir gastos de funcionamiento.

A Puentes Cervantes también se le investiga por su presunta omisión el seguimiento y control que debía hacer a las inversiones que se debían ejecutar con los recursos económicos que se le transfirieron al gestor del Plan Departamental de Agua para adelantar obras de infraestructura en el sector de agua potable en los municipios de Sucre participantes del PDA.

Finalmente se investiga su posible omisión como supervisor e interventor al permitir que el Gestor del Plan Departamental de Agua de Sucre, mantuviera en las cuentas de la empresa los recursos económicos transferidos sin realizar ninguna inversión a la que estaba obligado, situación que se prolongó hasta el mes de abril de 2010, incumpliendo los principios y fines de los Planes Departamentales de Agua.

Replantear política de agua potable

La Contraloría General de la Nación le solicitará al presidente Juan Manuel Santos que replanté la política de agua potable que contiene los Planes Departamentales de Agua.

Tras un proceso de auditoría la Contraloría considera que los mencionados planes se rajaron en su ejecución, pues de los 1.11 billones de pesos que han aportado unos 600 municipios en los últimos 4 años, sólo se han ejecutado obras en no más del 20 por ciento.

La Contraloría sostiene que este programa no es viable y que hay que reestructurarlo lo más pronto posible. El informe, que le será enviado en los próximos días al presidente Juan Manuel Santos.

Los recursos aportados por los municipios son administrados por el Fondo de Inversiones en Agua (FIA), mediante una fiducia mercantil.

Para la Contraloría, sin embargo, los bancos que conforman dicha fiducia (Bancolombia, Bogotá y BBVA) son hasta ahora los más grandes beneficiados de los PDA, por lo cual sugiere también la necesidad de replantear esta figura financiera por ser inviable.

 

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