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Reiteran posición de posibles sobrecostos en ayudas humanitarias

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Luego de una visita especial realizada por la Contraloría General de la República para realizar un análisis de la documentación aportada por la Gobernación de Sucre respecto a posibles sobrecostos en la celebración y ejecución de los contratos para proveer las ayudas humanitarias, el ente de control se mantiene en su posición inicial, manifestada en la Función de Advertencia emitida el pasado 24 de marzo de 2011.

De acuerdo con este oficio de respuesta, preparado por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras en cabeza de Ligia Helena Borrero Restrepo, al gobernador de Sucre, Jorge Barraza Farak, los sobrecostos consolidados encontrados en el análisis ascienden a $1.480 millones de pesos (cifra exacta $1.480.054.936).

Respecto a la entrega de subsidios se recomienda en todo caso realizar una depuración del censo de damnificados por la ola invernal, especialmente en el municipio de Sucre, Sucre, dado que a la fecha no se tiene una cifra real de damnificados.

Según el texto de la respuesta al Gobernador de Sucre sobre la función de advertencia de la Contraloría General de la República, con base en los contratos firmados entre la Cruz Roja como operador del contrato y los proveedores para la atención de la ayuda humanitaria dentro de la emergencia de la ola invernal, se estableció que el total de ayudas contratadas es de 28.421 kits de mercado y 28.421 kits de aseo, base con la que la Contraloría procedió a realizar los cálculos correspondientes sobre los costos de los mismos.

A la contratista María Helda Zuluaga le corresponde entregar 2.957 kits de mercado y aseo tipos 1, 2 y 3 (923,10 unidades tipo 1; 1.223,42 unidades tipo 2, y 810,48 unidades tipo 3); a la Fundación Unidos por Colombia le corresponde entregar 25.464 kits de mercado y aseo (7.603,20 unidades tipo 1; 11.850,24 unidades tipo 2, y 6.010,56 unidades tipo 3).

Tras determinar las cantidades reales de los productos comprados por los proveedores la Contraloría estableció el precio promedio para cada tipo de producto (analizados solo ocho de los 25 productos que hacen parte de los kits) con base en dos cotizaciones en las que no solicitó descuentos en los sitios mayoristas ni por compras al por mayor. Luego hizo una comparación de precios para establecer la diferencia entre el precio de los proveedores y el precio promedio del mercado, resultando que se sigue evidenciando un sobrecosto en los productos entregados por los proveedores por valor de $702.249.874 (el ejercicio no está hecho para todos los productos que componen los kits de mercado y aseo).

El sobrecosto podría ser mayor toda vez que el análisis de la Contraloría lo hizo con precios al detal y no al por mayor, al igual ocurriría si el ejercicio se hiciera para todos los productos, el cual la Contraloría recomienda que también lo haga la Gobernación para determinar el sobrecosto total que presenta el valor de las ayudas entregadas por los proveedores contratados.

La Contraloría también hizo el ejercicio con productos que no había mencionado en la Función de Advertencia pero que sí fueron descritos por la comunicación enviada por el Gobernador, tales como arroz, café y espaguetti, y el resultado es que también se evidencia un sobrecosto de $480.923.705 sumados los dos proveedores.

En ese sentido, la Contraloría indica tras el análisis realizado los sobrecostos ascienden inicialmente a $1.480.054.936.

De otra parte, la Contraloría consideró razonable la oposición del Gobernador frente a la entrega de subsidios de arriendo, y recomendó realizar una depuración del censo de damnificados por la ola invernal especialmente en el municipio de Sucre, dado que a la fecha no existe una cifra real y que no fue incluida dentro del posible sobrecosto inicialmente informado.

La CGN llamó la atención el hecho de no haber contratado la interventoría del contrato con la Cruz Roja desde el inicio de este, al igual que advierte que nombrar después a la secretaria de Gobierno departamental, Viviana Ordosgoitia, como interventora, quien ejerce actos de gestión sobre los recursos, es una situación que vulnera el principio de transparencia del proceso y por eso deben realizar las correcciones del caso.

Por todo lo anterior, la contralora delegada de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Ligia Helena Borrero Restrepo, reitera la advertencia hecha a la Gobernación y le recomienda al ente que adopte las medidas necesarias para subsanar la situación encontrada, ampliando el análisis a todos y cada uno de los productos que integran los kits de aseo y de mercado.

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