Una de las mayores polémicas en Córdoba y la Nación fue la prórroga automática, hasta el año 2029, del contrato de concesión minera de Cerro Matoso.
Para la explotación del níquel, la Nación firmó un contrato de concesión en 1963, que venció el pasado 3 de septiembre, pero el Gobierno, en una maniobra cuestionada por la clase política de Córdoba, advirtió que en 1996 se había firmado un contrato que comprometía algunos aspectos de la negociación inicial. En otras palabras, se prorrogaba automáticamente la concesión hasta el año 2029.
Esa decisión prendió las alarmas de los organismos de control. La Contraloría General de la Nación hizo un control de advertencia señalando que esa prórroga no podía hacerse de esa manera.
La clase dirigente de Córdoba no demoró en protestar. Pidieron mejores condiciones para una nueva negociación señalando que no podía hacerse bajo el mismo esquema que 30 años atrás y que le ha permitido hacer ventas por 11 mil millones de dólares.
Justamente, a principios de 2013 se vence el plazo para renegociar dicha prórroga, y poco se conoce de las condiciones tributarias y ambientales que se le exigirán a la BHP Billiton para que pueda continuar con la extracción de ferroníquel.
Se han venido adelantando algunos acuerdos, que aún no han sido aprobados por el Consejo de la Agencia Nacional Minera, que contemplan, entre otros aspectos, el aumento de inversión social en las regiones cercanas a la mina y un aumento gradual de las regalías hasta alcanzar un 14 por ciento, de tal forma que la Nación llegue a percibir cerca de 800 millones de dólares.
De igual forma, están exigiendo un mayor compromiso con el sector ambiental y la permanencia del canon de superficie hasta la finalización del contrato.
La BHP Billiton, la compañía minera más grande del planeta, ha exportado 910 mil toneladas de níquel, lo cual equivale a 20.9 billones de pesos, razón suficiente para que los cordobeses quieran recibir mayores beneficios.
El complejo niquelero más grande de Latinoamérica está en la mira de la clase dirigente de Córdoba, que, en septiembre, promovió un debate en el Congreso para advertir sobre la decisión del Gobierno y señalar los inconvenientes que significaría para ese departamento una prórroga sin mayores ventajas.
La situación no se ha definido, pese al control de advertencia que hizo hace varios meses la Contraloría General de la República argumentando que la negociación presenta riesgo de legalidad y un riego de detrimento patrimonial.
Como se recordará, el Congreso de la República también denunció serias irregularidades en el pago de regalías, gastos de representación e inversiones por parte de la empresa.
A compartir riquezas
Los congresistas, mandatarios y la comunidad de Montelíbano y pueblos cercanos a la mina insisten en que Cerro Matoso debe ser más ‘generoso’ con Córdoba y con la Nación.
Sin embargo, directivos de la mina advierten que han girado 1.5 billones de pesos por concepto de regalías siendo el más beneficiado el municipio de Montelíbano.
Si bien es cierto que los pueblos que rodean la mina están sumidos en la pobreza, también lo es que el manejo de los recursos de regalías no han sido los adecuados para luchar contra ese flagelo.
En Montelíbano, por ejemplo, hay obras inconclusas, como la plaza de mercado, en la que se invirtieron 12 mil millones de pesos; y el matadero municipal, por el cual giraron un anticipo de 4.500 millones a Asosanjorge.
No cuenta con un eficiente alumbrado público, no hay cobertura total del servicio de acueducto, el agua no es potable y tampoco hay alcantarillado.
En esa misma localidad se construyeron viviendas con recursos de regalías, que, con el tiempo, por lo menos, 100 de ellas terminaron destruidas por la mala calidad de los materiales utilizados.
Se trata del proyecto San Rafael, diseñado sobre una antigua laguna de oxidación, y manejado por la firma constructora Náder Ospina, de propiedad de los familiares del cinco veces alcalde de la localidad, Moisés Náder Restrepo. El costo fue de 2.969 millones de pesos.
Los datos entregados por Cerro Matoso señalan que desde 1995 hasta el año anterior, Montelíbano recibió 304 mil millones de pesos.
Posición de congresistas
El senador Bernardo Elías Vidal, del partido de la U; la senadora conservadora, Nora García; el representante a la Cámara por el partido conservador, David Barguil; y la senadora bolivarense Dayra Galvis, empezaron a liderar un proceso para evitar que se hiciera una renegociación que resultara lesiva para los intereses de los cordobeses y de la Nación.
El representante Barguil insiste en que el Gobierno no puede avalar que Cerro Matoso permanezca explotando níquel en Córdoba en las mismas condiciones en que lo aceptaron hace 30 años.
Recordó algunas irregularidades presentadas el año anterior hasta el punto que Cerro Matoso tuvo que devolver 35 mil millones de pesos que estaba dejando de pagar por regalías.
Por su parte, el senador del partido de la U, Bernardo Elías Vidal, alertó sobre una posible renegociación del contrato para la explotación de níquel en Cerro Matoso “por debajo de la mesa”.
Agregó que bajo ningún punto de vista aceptará que la renegociación no se haga de cara a la población.
“Se ha escuchado un ruido especial que alerta que ya tienen listo el contrato, pero ni siquiera los dirigentes de la región o la población sabemos en qué consiste la renegociación”, indicó aduciendo “que no nos salgan el día de mañana con un contrato y que no sepamos lo que se pactó, que no nos salgan subiendo cualquier migaja para decir que cumplieron y el pueblo siga sumido en la pobreza”.
Sigue polémica
Hasta el momento no están claros cuáles son los porcentajes que se fijaron, o se fijarán, para la explotación minera en Córdoba y tampoco si la compañía tiene licencia para su operación en Colombia, para ejercer la explotación minera.
El tema sigue suscitando polémica y justamente fue objeto de un debate de control político en materia económica, que se adelantó en el Congreso en el presente año luego que la contralora Sandra Morelli Rico señalara que Cerro Matoso adeudaba 62 mil millones de pesos en regalías a la Nación, correspondientes a los años 2003- 2008, por un error de los entes fiscalizadores en la liquidación del monto que Cerro Matoso debía pagar a la Nación.
“La base que se utiliza para aplicar el porcentaje resulta de restar conceptos, que, en criterio de la Contraloría, no se pueden restar. Entonces, haciendo los cálculos para el período 2003 al 2008 da como resultado los $62 mil millones”, dijo en su momento la representante del organismo de control.
En su oportunidad también denunció que del bolsillo de los colombianos sale el sostenimiento de clubes campestres y apartamentos en Coveñas y Medellín de los directivos de la empresa niquelera; y, como si fuera poco, que las inversiones que hacían en obras sociales eran descontadas del pago de las regalías.
La polémica sigue abierta y las autoridades cordobesas poco saben de las condiciones de la nueva negociación.
El gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, dijo que nunca más han sido llamados a participar en el proceso y que es una negociación que lidera directamente el Gobierno Nacional.
Regional
Renegociación con Cerro Matoso, la mayor polémica de 2012
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