Sistema debe 250.000 millones de pesos a clínicas y hospitales

Las clínicas y hospitales de Cartagena, el eslabón más débil de la cadena de la salud, acumulan una cartera morosa que supera los $250.000 millones, lo que podría generar su colapso en unos cuatro meses, paralizando la prestación de los servicios.
Julio Borelly, director de Gestión Salud IPS y vocero de la Asociación de Clínicas y Hospitales de Cartagena, indicó que es la cartera, el eje de la problemática del sector de la salud de los prestadores de servicios y que consideran como generador común y más importante, lo que hoy día pone en jaque a sus instituciones estando al borde del colapso. “Lo que finalmente impacta a los usuarios y todo tipo de profesionales y empleados vinculados a este sector”, dijo.
Según Borelly es difícil afrontar una cartera que en Cartagena asciende a los 250.000.000.000.oo (doscientos cincuenta mil millones de pesos), en servicios que las clínicas y hospitales prestaron hace más de 200 días en promedio, y hay casos individuales de moras de años. “Es muy complicado hacer operativo el desarrollo de todo un sector, que sin  contar con los recursos económicos provenientes de su actividad, tiene que mantener su propia operación, pagando a sus empleados, proveedores, costos financieros y garantizando a su vez la constante inversión que permita la prestación de servicios de calidad”, sostuvo.
Recalcó que esta es también una enfermedad, que ante la mirada lejana del Estado a través de sus órganos de control se ha “cronificado” en el sistema, convirtiéndose en su propio cáncer.  “Pero que como toda enfermedad, en sus fases más agudas y dolorosos amenaza con colapsar toda la prestación hospitalaria en la ciudad de Cartagena, que incide proporcional y absolutamente con el derecho fundamental de las personas, la vida”.
El 80% de las instituciones de salud no pueden cancelar sus obligaciones a los trabajadores, lo que dificulta la atención a los usuarios y genera algunos problemas de calidad. “Hay tanta demanda de servicios en la ciudad, que superan la capacidad instalada, que es de 2.200 camas y se requieren unas 4.000”, dijo.
Las declaraciones de Borelly son respaldadas por los directivos de la Clínica Universitaria San Juan de Dios, Clínica Medihelp, Clínica Gestión Salud, Maternidad Rafael Calvo, Clínica Blas de Lezo, Hospital Universitario de Cartagena, UCI del Caribe, Clínica Cartagena del Mar, Clínica Crecer, Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, FIRE, Neurodinamia, ESE Cartagena de Indias y el Nuevo Hospital de Bocagrande.
“Reclamamos de la sociedad y todos los organismos de inspección, vigilancia y control, que vuelvan a poner la mirada en esta crisis sentida, aguda y dolorosa, que se siente en gran medida en el incumplimiento de los pagos por parte de todas las entidades responsables, que de manera directa o indirecta dilatan los giros hasta los más insostenibles límites, asfixiando a una clínica, para después simplemente pasar a sus usuarios a la siguiente sin pagarle a la primera, con todo descaro y sin el mínimo interés en cómo tan perverso modelo de administración perjudica la continuidad de los servicios y tratamientos de sus pacientes”, recalcan en un comunicado los voceros de estos hospitales públicos y privados.
“No es posible que hoy por hoy solo se eleve la voz de protesta en torno a uno de los componentes de este problema.  Es que no es solo el no pago a los médicos, es la oportunidad en las citas a más de un mes y hasta 6 meses en la realización de las cirugías, la carencia de insumos y medicamentos, la no disponibilidad de camas para hospitalización y las urgencias atiborradas y colapsadas por pacientes que demandan los servicios de un sistema que persiste sin el pago de sus propios recursos”, se advierte en la misiva.
Agregan que en torno a este problema económico, fatalizado y condenado a la iliquidez, a una mirada indiferente  del Estado, “y ni qué decir de una regulación improvisada e impositiva. Hoy, los gerentes y responsables de todas estas instituciones prestadoras que final y valientemente le dan la cara al sistema de salud y sus usuarios, se lanza este, como reclamación y llamado de apoyo”. 
Por último, los representantes de las clínicas y hospitales, señalan que las medidas adoptadas por el Ministerio de la Protección Social en sus últimas resoluciones son nefastas. “Ponen tope al precio de los medicamentos, lo que limita la posible utilidad a niveles pírricos. Hay que anotar que debemos ser racionales con el sistema y el sector, y clínicas y hospitales deben hacer su contribución importante en este sentido. Pero no con medidas que hacen casi imposible su viabilidad financiera, al ritmo de cómo van las cosas”, recalcan.

Sin flujo de caja
Por su parte, Jorge Correa, director de la Clínica San Juan de Dios, precisó que la entidad que dirige tiene 300 camas hospitalarias, 41 de ellas en las unidades de cuidados intensivos e intermedios, pero la afluencia de pacientes es alta y siempre está copada la capacidad.
“Eso nos lleva a que nuestra suficiencia sea menor a la demanda. Damos 50 de altas diarias para atender a pacientes. En este momento (11 de la mañana de ayer), hay 40 pacientes esperando a ser hospitalizados y no hay cupos.  Tenemos una cartera de 40 mil millones de pesos, que corresponden en  su mayor parte a la nueva EPS, Saludcoop y las empresas del Régimen Subsidiado”, dijo.
Señaló que para operar la clínica se requieren $7.500 millones mensuales y se recaudan apenas unos $5.300 millones en promedio.

Más deudas
Willis Simancas M., director de la clínica de Maternidad Rafael Calvo, indicó que la red pública no está excenta de la crisis.
“La entidad a mi cargo tiene una cartera acumulada de $19 mil millones. Vale la pena resaltar que el Departamento ha tenido un papel muy pobre en su capacidad de vigilancia y control. El papel de los interventores ha sido muy pobre en actuar para mejorar el flujo de recursos y accionar para que los municipios cumplan con las transferencias. Basta con mirar de qué manera se hacen los pagos en el Departamento para darse cuenta de que le priorizan las cuentas a unos prestadores particulares frente a los públicos, lo que genera una situación de incertidumbre y desconfianza”, indicó


De la Mutual Ser
El gerente de la Eps Subsidiada, Mutual SER, Galo Viana Muñoz,  dijo que esa entidad tiene 383.000 afiliados de 1.292.000 afiliados totales del departamento de Bolívar; lo que significa el 30% de los usuarios, “por ello nuestras cuantas por cobrar y las deudas con las IPS pueden ser mayores que las otras EPSS”.
“Los municipios del departamento de Bolívar adeudan a Mutual SER EPSS a 30 de mayo de 2011 la suma de 46 mil millones de pesos, de los cuales 35 mil millones tienen una antigüedad mayor de un año, cartera cierta y real puesto que esta soportada en contratos liquidados con cada municipio. Están incluidos en esa suma $5.700 millones que nos adeuda el Distrito de Cartagena”, indicó.
Viana Muñoz explicó que de otra parte el Departamento de Bolívar les adeuda $2.500 millones por servicios NO POSS. “Esa es la causa de la deuda con las IPS, quienes hacen un justo reclamo por su pago”.
“El Congreso colombiano expidió dos leyes que garantizan el pago de las deudas con el Régimen Subsidiado y se está a la espera de la reglamentación para que efectivamente las EPSS tengan los recursos y paguen a las IPS. Han anunciado iniciar los pagos a partir del mes de octubre. Los pagos desde el mes de mayo han sido mejores a las IPS, puesto que lo cartera corriente se está recaudando en un 85%. El resto son recursos de los municipios que no los cancelan. En lo referente a nuestra organización consideramos que ha mejorado ostensiblemente el pago a las IPS. En fin, el gran deudor es el sistema de salud, es decir el Gobierno, por lo menos en nuestro caso. Autorizo al Gobierno nacional a que pague y nos dé los vueltos”, puntualizó.

Habla el Dadis

Por su parte, Katherine Egea Amador, directora del Dadis, advirtió que las IPS deben ser claras en sus estados de cartera. “No pueden generalizar acerca de las EPS ni de los entes territoriales que les adeudan porque atienden a toda la población del Distrito y del Departamento. Nosotros como Distrito, le pagamos durante este periodo de Gobierno más de 126 mil millones de pesos”.
“Como ente territorial no estamos prestando servicios, sino a través de las EPS Subsidiadas y estamos al día. Es el Ministerio de la Protección Social quien le gira el 85% de los recursos. Desde el Dadis hacemos interventoría interna a todo el sistema y a las relaciones EPS con su red prestadora y en varias oportunidades hemos solicitado a las IPS privadas y publicas que nos den su estado de cartera para ejercer control”, añadió.