Superintendencia investiga la captación ilegal de dinero en Sucre

Una comisión de la Superintendencia Financiera investigará las denuncias por la presunta captación ilegal de aproximadamente 4 mil millones de pesos en los municipios de Corozal y Morroa.
Así lo confirmó ayer el comandante de la Policía en Sucre, coronel Orlando Polo Obispo, quien agregó que a raíz de las denuncias hechas ante la Fiscalía General de la Nación de cuatro personas supuestamente afectadas por el negocio ilícito, han surgido nuevos testimonios que amplían la investigación.
El Oficial expresó que la institución les prestará todo el apoyo técnico, logístico y humano a los funcionarios de la Superintendencia que llegarán a la ciudad de Sincelejo para adelantar las pesquisas de tipo administrativo.
“No quisiera suministrar más detalles, porque ya estamos en la etapa de entregar estas informaciones a la Fiscalía de Corozal, y seguramente, el fiscal tomará decisiones sobre este caso que nos tiene bastante consternados. Pero consideramos que hay rapidez para que se establezca quién o quiénes son los culpables de esta captadora ilegal y se llegue hasta las últimas consecuencias”, dijo el Oficial de la Policía Nacional.
El caso quedó al descubierto luego que uno de los afectados denunciara a la concejal de Corozal, Mónica Grillo y a su esposo, el sargento (r) de la Armada Nacional, Juan Barreto Castellar, así como a los particulares Carmelo Vergara Álvarez y Ana Vergara Salcedo, padre e hija.
La denuncia, a la que tuvo acceso El Universal bajo la condición de reservar la identidad del afectado, fue interpuesta por los delitos de captación masiva habitual de dinero y concierto para delinquir en concurso heterogéneo con estafa.
En ella narra que la concejal de Corozal, Mónica Grillo, y Ana Salcedo, amiga de ésta, le ofrecieron hacer parte de un contrato que consistía en suministrar carne y pollo al Batallón de Infantería de Marina de Corozal y la base militar de Coveñas.
Le prometieron dividendos del 20% sobre una suma de 270 millones de pesos que inicialmente aportó, pero luego bajaron los rendimientos al 16%.
Al parecer, Vergara Álvarez, exfuncionaria de la Comisaría de Familia de Morroa, prestó su nombre para que en una cuenta bancaria le consignaran los dineros que aportarían los socios del negocio al supuesto contrato de suministro.
Sobre Vergara, el Universal conoció que, una vez supo sobre las denuncias, habría huido con rumbo al vecino país de Venezuela. Para ello, según el coronel Polo Obispo, fingió un secuestro.
La concejala Mónica Grillo expidió un comunicado en el que niega ser la responsable de estos hechos, y señala además que el Senador Antonio Guerra de la Espriella, de quien el denunciante dijo fue el enlace de la cabildante para el negocio, no tuvo nada que ver en el asunto.
Y aunque por este caso al que en los municipios de Corozal y Morroa se le conoce popularmente como “la pirámide criolla”, no ha sido denunciada la concejal de Morroa, Claudia Treco, el mismo denunciante dijo que ella tendría “sus manos metidas” en el acto supuestamente ilegal.
Las víctimas de esta captadora ilegal son en su mayoría prestantes profesionales y comerciantes de los municipios de Corozal y Morroa, quienes según el Coronel Orlando Polo, no se atrevían a denunciar tal vez por pena.