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Diez claves de la reforma pensional que empezó a regir

En materia pensional se respetan los derechos adquiridos, es decir, cuando se cumple la edad y tiempo de pensión o todos los requisitos legales para un reajuste, liquidación o cualquier prestación diferente.

El proyecto que fue aprobado introduce grandes novedades, entre ellas la eliminación de los beneficios en materia pensional a funcionarios del Congreso, la rama judicial, el Banco de la República, el magisterio y otras entidades del Estado.
No obstante, aunque los expertos han señalado que el texto recoge varios elementos positivos, también es mucho lo que se ha especulado sobre ésta reforma.
Este diario entrevistó al abogado Jaime Cáceres Medina, quien aclaró varios puntos y mencionó 10 claves para entender mejor el proyecto:
1. El Estado garantiza la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Significa que en caso de un presunto colapso financiero de las administradoras públicas o privadas, el Gobierno responde frente a los pensionados por sus mesadas reconocidas, las cuales no pueden dejarse de pagar, congelarse o reducirse. Así operó en el caso del ISS cuando se acabaron las reservas y el Gobierno viene girando desde el 2005 del Presupuesto Nacional los recursos para el pago.
2. En materia pensional se respetan los derechos adquiridos, es decir, cuando se cumple la edad y tiempo de pensión o todos los requisitos legales para un reajuste, liquidación o cualquier prestación diferente.
3. No habrá pensiones inferiores al salario mínimo legal mensual vigente. No obstante, se facultó a la ley para determinar casos especiales en que se pueden conceder beneficios económicos periódicos inferiores a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión, como en efecto viene operando para personas de la tercera edad. Así mismo, se puso techo de 25 salarios mínimos (actualmente 12 millones 875 mil pesos) a las pensiones con cargo a recursos de “naturaleza pública”.
4. Respecto a las convenciones colectivas de trabajo, pacto o acuerdos válidamente celebrados se sostendrán hasta el primero de enero de 2011. Después de aprobado el acto legislativo no se podrán suscribir o acordar nuevos convenios. Este tema ha venido recibiendo fuertes críticas de los sectores sindicales frente a los convenios, especialmente los números 87 y 98 de la OIT aprobados por la conferencia de San Francisco en el año 1948. Cabe recordar que el acto legislativo no limita la negociación colectiva, ni desconoce el derecho de asociación sindical.
5. Se facultó para que se revisen en cualquier momento las pensiones que fueron reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos de ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados, de lo cual no pueden existir derechos adquiridos ni mucho menos vitalidad, algunas por cierto muy controvertidas en el Tolima.
6. Las personas que cumplen los requisitos (edad y tiempo) después del primero de agosto del 2010 no podrán recibir más de 13 mesadas pensionales al año. Sin embargo, por la imprecisa redacción del acto legislativo %sub-examine% en su párrafo transitorio Sexto, se exceptuó de dicha limitación aquellas personas que reciban una pensión igual o inferior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.
7. Respecto al régimen de transición pensional, vale la pena resaltar que esta figura se creó como mecanismo para garantizar a los afiliados el derecho pensional. Con unas condiciones de acceso más favorables a las creadas por el nuevo sistema de seguridad social, disponiendo que son sujetos de dicho beneficio las personas que tuvieran uno de dos requisitos cumplidos a la fecha de entrada en vigencia el sistema (35 años para las mujeres y 40 para los hombres), el requisito de 15 años de servicios o el de cotizaciones. Con el nuevo cambio quedó establecido como regla general que el régimen de transición “no podrá extenderse más allá del 31 de julio del 2010”, significando que para conservar el régimen de transición pensional se requiere haber alcanzado conjuntamente el derecho (edad y tiempo de servicio o aportes) antes del 31 de julio del 2010, de lo contrario se pierde dicho régimen y la persona debe pensionarse de conformidad con la normatividad general de la ley 100 de 1993 y la ley 797 del 2003.
8. El parágrafo transitorio cuatro del acto legislativo consagró como último recurso extender hasta el 31 de diciembre del 2014 a los trabajadores que siendo beneficiarios del régimen de transición, tengan cotizadas al menos 750 semanas (15 años de servicio o aportes) a la entrada en vigencia el presente acto legislativo (diario oficial 45 mil 890 del 25 de julio del 2005), por lo que se les sostendrá dicho régimen. Se acaban los regímenes exceptuados y especiales
9. En relación con los “regímenes exceptuados y especiales en pensiones” el acto legislativo en análisis terminó con casi todos. Los primeros son los que expresamente aparecen excluidos del sistema general de pensiones (miembros de las Fuerzas Militares y la Policía nacional; personal civil al servicio de la Fuerza Pública, vinculado antes del 23 de diciembre de 1993; los afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio; los trabajadores de las empresas que a 23 de diciembre de 1993 estaban en concordato preventivo y obligatorio y habían pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones y mientras estuvieran en vigencia el respectivo concordato; los servidores públicos de la empresa colombiana de petróleos que adquirieron el derecho a la pensión de jubilación establecida en el régimen de Ecopetrol antes del 29 de enero del 2003, y los beneficiarios de la pensión vitalicia de sobrevivientes de funcionario o empleado de la rama jurisdiccional o del Ministerio público que murieron durante el desempeño de su cargo y sin haber cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para adquirir el derecho a la pensión de jubilación.
10. Así mismo, se termina con las pensiones especiales de aquellos que se consideraban excluidos de las leyes del sistema general de pensiones, es decir los ex presidentes de la República, los congresistas, los magistrados de las altas cortes, los aviadores civiles en actividades de alto riesgo y los sujetos de normas pensionales territoriales establecidos en normas locales. No obstante, la aprobación del 31 de julio del 2010 conservó expresamente el régimen pensional especial de la Fuerza Pública y el aplicable a los ex presidentes de la República.

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