Falta regulación en cajeros

Recientemente los cajeros automáticos empezaron a cobrar la tarifa de 6.500 pesos, salida del sombrero y sin que el gobierno, la Superintendencia Financiera, el defensor del cliente o alguien haya dicho nada en defensa de la débil posición del ciudadano común y corriente que los utiliza. Este cobro no distingue si la operación ejecutada es la consulta de un saldo o el retiro de dinero. Al ser una tarifa fija no distingue tampoco entre el monto de las cifras retiradas. Se cobra lo mismo a quien retira 20.000 pesos que a quién lo hace por 500.000 pesos, cifra máxima dispensada por estos aparatos. En consecuencia, esa tarifa de 6.500 pesos corresponde a un escandaloso 32,5 por ciento del capital retirado en el primer caso o al 1,3 por ciento (porcentaje también escandaloso) para quien retira 500.000 pesos. Si alguien, por ejemplo, fuera a retirar 100.000 pesos y por haber hecho mal el cálculo dicho cajero le respondiera que “el saldo de la cuenta no permite hacer la transacción”, ya gastó 6.500 pesos. Si el cliente procediera entonces a consultar el saldo disponible para luego hacer su retiro correcto, habrá pagado sin darse cuenta otros 6.500 pesos. Si ya con la cifra clara en mente decidiera finalmente hacer el retiro inicialmente pensado de 100.000 pesos, habrá terminado pagando la escandalosa cifra de 19.500 pesos por el costo de tres transacciones que duraron menos de un minuto. En consecuencia ya no podrá sacar 100.000 pesos sino 80.000 pesos. VISOS DE ARBITRARIEDAD Esta situación tiene visos de arbitrariedad. Si los cajeros pueden cobrar lo que quieran por sus transacciones los ciudadanos tienen que tener alternativas para defenderse, de lo contrario se puede configurar algo similar a las situaciones débiles de quien enfrenta un monopolio o un cartel. Ocurre aquí exactamente lo mismo que cuando las tarifas de los celulares generaban abusos entre los consumidores ya acostumbrados al uso del aparato. Ocurrió también algo similar con el cobro de tarifas de los parqueaderos, cuyo abuso generó la intervención del gobierno. Le toca ahora a los cajeros automáticos. CUATRO POR MIL Los cobros de estas tarifas tienen que cumplir parámetros y además, proporciones. Si el cuatro por mil se tilda como impuesto ineficiente e inconveniente, la tarifa actual de estos cajeros lo será aún más, ya que ejecutándose la misma acción de retirar dinero, el cobro es muchas veces mayor que el de ese gravamen. Antes, frente a un retiro de 500.000 el gravamen representaba 2000 pesos; hoy, frente al mismo retiro el cliente cancelará 8.500 pesos, es decir más de cuatro veces el primero. Mientras menor sea el valor del retiro será muchas veces mayor la tarifa del cajero que el valor del gravamen (en un retiro de 100.000 pesos se tiene que multiplicar por 15). Este tema se tiene que poner en cintura ya y, mientras tanto, se deben suspender estos cobros por desproporcionados. No puede cobrarse la misma tarifa por una consulta de un saldo que por un retiro de dinero. No puede cobrarse la misma tarifa por retirar 60.000 pesos que por hacerlo por 500.000 pesos. Ahora, si el argumento es que el costo es el mismo cada vez que se utiliza el cajero sin importar para qué, lo correcto sería adecuarlos para que la tarifa se aproveche más eficientemente por los usuarios. MAYORES MONTOS Por ejemplo, se debería permitir retirar mayores montos, uno o dos millones; al hacerlo, se deberá brindar también algunas seguridades adicionales como que todos los cajeros tengan un celador o dos exclusivos, y cámaras vigilantes que los ayuden, para que en un perímetro adecuado garanticen que nadie observa al cliente en su operación y que el fleteo se haga mínimo; que salida la persona del cajero no le ocurra nada en 100 metros de distancia, incluso hasta que haya abordado su automóvil, un taxi o un bus. La tarifa de 6.500 pesos cobrada hoy por una simple consulta o transacción equivale a dos carreras mínimas de un taxi; o a tres bolsas de leche; a cuatrotiquetes de Transmilenio; a tres dólares americanos o a la tercera parte de una consulta médica de medicina prepagada.