Arquitectos de Montería instauraron la acción judicial aduciendo que se ponía en riesgo el patrimonio cultural de la capital. Sin embargo, con esta decisión la remodelación del corazón de Montería podrá seguir. El juzgado quinto administrativo de Montería admitió la acción popular impetrada por un grupo de profesionales de la arquitectura por la remodelación de los parques centrales. Sin embargo, no accedió a la suspensión provisional de la obra. Con este panorama, la remodelación del corazón de Montería podrá avanzar sin ningún contratiempo. La decisión fue notificada a la administración municipal la cual tiene un término de 10 días para responder las pretensiones de los demandantes. Como se recordará la acción fue impetrada por el presidente de la Sociedad Cordobesa de Arquitectos, Ricardo Cabarcas; el vigía de la cultura, Luis Eduardo Puche, los arquitectos Mary Ofelia Martínez Osorio y Anwar Haddad entre otros pidiendo que cese toda intervención, construcción, o remodelación del parque Simón Bolívar, Laureano Gómez y Miguel R. Méndez. Los accionantes habían solicitado, a través del mecanismo judicial, que primero se cumpliera lo establecido por la ley la cual señala que todo proyecto que pretenda ejecutar un ente territorial sobre un bien de interés cultural e histórico, debe ser estudiado y debe ser intervenido de manera respetuosa por lo que representa en la historia de la ciudad. En su oportunidad el alcalde de la ciudad, Marcos Daniel Pineda, había señalado que había que apostarle a los grandes cambios en la ciudad y que los parques darían un nuevo aspecto a la ciudad. Señaló que no se pondrán en riesgo los bienes culturales y que tampoco habrá tala de árboles indiscriminada, excepto los que se convierten en un riesgo para la comunidad porque ya cumplieron su vida útil. Cabe anotar que después de la acción popular el Alcalde se reunió con los arquitectos con el fin de socializar la remodelación y explicar lo que realmente será intervenido. La remodelación tiene un costo superior a los 4 mil millones de pesos y tendrá una duración de siete meses.
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Admiten acción popular, pero no suspenden obras
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