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Alcaldes tuvieron miedo de denunciar

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Los mandatarios de Montería y Tierralta fueron los únicos que hicieron propuestas concretas ante el Ministro de Defensa.

Se repitió la historia que suele ocurrir en los consejos de seguridad que se realizan en Córdoba: Los alcaldes no denuncian y se limitan a pedir.
Excepto los mandatarios de Montería, Marcos Daniel Pineda, y Tierralta, Aníbal Ortiz, quienes hicieron una radiografía clara de la situación de sus localidades, los demás mandatarios que se reunieron el sábado anterior con el Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, no dijeron nada útil.
El alcalde Pineda fue uno de los pocos que hizo una radiografía de la situación de violencia que vive el departamento y además pidió al Gobierno Nacional presentar al Congreso de la República un proyecto de ley para crear una jurisdicción especial en materia judicial para juzgar y condenar a los miembros de las bandas criminales.
Según el mandatario con estas zonas especiales de orden público, se evitaría que los integrantes de estos grupos ilegales que sean capturados por la fuerza pública queden en libertad fácilmente.
Así mismo Pineda García aprovechó para proponer la creación de un comando conjunto con presencia de la Policía, el Ejército y además organismos de seguridad del Estado para luchar contra los grupos que están sembrando el terror en Córdoba.
Según el mandatario, en Montería funciona el Centro de operación y coordinación de estas bandas al servicio del narcotráfico, por lo que pidió especial atención de parte del Gobierno Nacional.
Entretanto el alcalde de Tierralta, Aníbal Ortiz Naranjo, pidió la lucha constante contra los grupos ilegales que operan en la zona del Alto Sinú, los cuales han generado una serie de muertes violentas en esta región.
El mandatario dijo que espera que la instalación de una Unidad básica de inteligencia en su municipio, así como la presencia de escuadrones móviles y la erradicación de cultivos ilícitos incidan para disminuir la tasa de homicidios.

Otras intervenciones
Por su parte el alcalde de Planeta Rica, Óscar Díaz González, dijo que la situación de violencia en su municipio es por estar ubicado en el corredor obligado que utilizan los grupos ilegales para sacar la droga desde el alto San Jorge o el bajo Cauca hasta la zona costanera de Córdoba.
El mandatario sostuvo que le preocupa el aumento de los homicidios toda vez que el año anterior hasta esta fecha se habían registrado 33 asesinatos y hoy son cerca de 40.
Según el mandatario cuando hay presencia militar bajan los homicidios y cuando se baja la guardia nuevamente atacan los sicarios, por esta razón pidió mayor presencia y permanencia, especialmente en la zona rural de Planeta Rica.
Edinsón Rangel Aguas, alcalde de Montelíbano, argumentó que la lucha militar contra las bandas criminales debe ir de la mano con la inversión social y arreglo de vías.
El mandatario dijo que es difícil atacar a las bandas criminales porque sus miembros se mimetizan entre la población civil y cuando se llega a los supuestos centros de operación no se encuentra a nadie.
Finalmente Rangel Aguas, sostuvo que actualmente su municipio tiene unos 12 mil desplazados, situación que es sumamente preocupante.

Duras críticas
La presidenta de la Asamblea, Ana Luz Anaya, dijo que era triste que los alcaldes del San Jorge no hayan tenido la valentía para hacer denuncias sobre la presencia de las llamadas bandas criminales.
“Se hizo un esfuerzo para traer al Ministro de Defensa y la cúpula militar y resulta que según la mayoría de nuestros alcaldes, todo está color de rosa”, dijo la presidenta de la duma departamental.
La dirigente política exhaltó la ponencia de los alcaldes de Montería y Tierralta señalando que fueron los únicos que hicieron una radiografía de la situación. “Los demás mandatarios estuvieron fuera de tono y se limitaron fue a pedir ayudas para otros sectores, cuando el tema central era la seguridad”, terminó diciendo la diputada Anaya.

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