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Defensoría demandará al Incoder

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La Defensoría del Pueblo está estudiando la posibilidad de interponer una acción jurídica contra el Incoder debido a su reiterado incumplimiento en el deslinde de los humedales del medio y bajo Sinú.

La información fue ratificada ayer, en el marco de la audiencia que se llevó a cabo ayer en el centro de convenciones de Montería para presentar el segundo informe sobre la situación de la cuenca.
Funcionarios de la Defensoría insistieron en que la acción del Incoder es prioritaria para la solución de los problemas de la cuenca.
Igualmente, evaluarán la posibilidad de interponer acciones jurídicas en aquellos casos en los que estén amenazados o violados los derechos de las comunidades que habitan la cuenca del río Sinú.
La comunidad aprovechó la oportunidad para denunciar el robo sistemático de los terrenos de las ciénagas hasta el punto que tienen escrituras sobre los mismos pese a que son propiedad del Estado.
Aunque existen dos sentencias que exigen a las entidades su accionar para mitigar y solucionar los problemas de la cuenca aún hay problemas que persisten como la erosión que son difíciles de controlar.
Según la Defensoría del Pueblo en su segundo informe la mayoría de los inconvenientes se han suscitado por las intervenciones hechas a lo largo de todo el valle y que alteran la dinámica hidráulica del río y de las ciénagas, afecta los ecosistemas y las especies asociadas a este desestabilizan las relaciones de los habitantes con el medio.
Indican además que las intervenciones comienzan en la parte alta con la construcción y posterior operación de la central hidroeléctrica de Urrá que modificó notoriamente el comportamiento natural del río y generó graves problemas de erosión y sedimentación en la cuenca media y baja.
El documento establece además que las ciénagas y demás cuerpos de la planicie han sido desecadas de manera rápida por cuenta de los propietarios de las tierras, se construyen obras dentro de los cuerpos de agua para drenar o interrumpir los flujos de agua y así ganar tierras para uso agropecuario.
También advierten por el desarrollo de un proyecto camaronero el cual omitía las obligaciones ambientales y causaba graves daños a los ecosistemas de manglar y a las ciénagas y aunque la actividad ha desaparecido pero la empresa persiste y ocasiona los mismos problemas.
La Defensoría también se refirió a la explotación ilegal de maderas dentro del parque nacional de Paramillo, indicando que ha adquirido dimensiones alarmantes y amenaza los recursos del parque.

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