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Demandan contribución de valorización en Montería

Con el nuevo tributo, la administración aspira a recaudar 70 mil millones para la ejecución de 13 obras. El proyecto fue demandado ante el Tribunal Administrativo de Córdoba.

La justicia será la encargada de determinar si los monterianos deben o no pagar la contribución de valorización por beneficio general.
El proyecto fue demandado ante el Tribunal Administrativo de Córdoba por el abogado tributarista Hugo Vásquez, señalando que hay una serie de irregularidades en el mismo.
Indicó Vásquez Colón que desde el momento en que el Concejo aprobó la contribución se empezaron a generar una serie de errores.
Establece por ejemplo que el Concejo no señala las facultades a atribuciones constitucionales y legales en que se basó para proferir los acuerdos pese a que están obligados a citarlo con precisión.
De igual forma advierte que el acuerdo no contiende artículos. “El Concejo olvidó la técnica jurídica que debe tenerse en cuenta para expedir los acuerdos propios de sus funciones”, reitera el jurista.
Advirtió que la contribución de valorización por beneficio general en Colombia no existe porque la ley no la ha creado. “Mediante la contribución de valorización se pueden realizar obras que son de interés público pero solo deben pagarlas las personas que reciben un beneficio directo que se ve reflejado en el mayor valor que recibe los inmuebles de su propiedad. Los demás ciudadanos que no reciben este beneficio no deben pagarla”, sostuvo el abogado.
Insistió en que la contribución de valorización no fue creada para financiar la ejecución de obras de beneficio general ya que la fuente de financiación son los impuestos ya que con ellos el Municipio puede realizar todas las obras que a bien tenga en beneficio de la comunidad.
“Con la contribución se está creando un impuesto de obras públicas que no existe en nuestro ordenamiento legal. Un impuesto porque es el único gravamen que puede ser cobrado a todas las personas sin que estas reciban una contraprestación directa tal y como lo ha expresado la Corte y el Consejo de Estado en diversas jurisprudencias”, anotó Vásquez Colón.

Reviven impuestos
El abogado sostuvo que con el nuevo tributo también se pretende revivir el antiguo impuesto de parques que fue fusionado en el impuesto predial unificado mediante la ley 44 de diciembre 18 de 1990 toda vez que dentro de las obras citadas se incluye la construcción de seis parques en la localidad.
Como se recordará actualmente hay una acción de grupo para que devuelvan a los monterianos la suma de 10 mil millones recaudados por este concepto.
Advierte el abogado que si el Municipio tiene problemas económicos debe apuntarle a la recuperación de la cartera de impuesto predial unificado que supera los 60 mil millones de pesos.
Otro de los temas que trata el especialista tributario es el relacionado con el monto a recaudar aduciendo que el Concejo aprobó el monto sin ningún criterio técnico, ni económico. “No existe en las actas del Concejo análisis, revisión, ni cuestionamiento alguno sobre el mencionado valor”.
Llamó la atención sobre el monto que se invertirá en las obras argumentando que solo se harán con cerca del 50 por ciento porque se prevé invertir 36 mil millones en las obras toda vez que 5 mil están destinados a gastos administrativos y operativos, 3.500 millones para publicidad y 2.700 millones en interventorías.
También se refirió a la falta de criterios para hacer la distribución de la contribución a través de unos topes de absorción en forma de intervalos para todos los propietarios de bienes inmuebles. “No se sabe por qué el comercio tiene un tope de absorción entre el 8 por ciento y el 25 por ciento o por qué un predio no edificado tenga un tope de absorción diferente”.
Advierte que el acuerdo tampoco determinó qué era un tope de absorción con el fin de tener total claridad en la determinación de la contribución respecto al principio de la certeza tributaria.
Una vez más enfatizó que los Municipios solamente podrán establecer los cobros creados y autorizados por la ley y no es permitido realizar cobros diferentes.

Horrores jurídicos
Vásquez calificó de horrores jurídicos en los que incurrió la Alcaldía de Montería con el nuevo tributo.
Explicó que la Alcaldía expidió en forma irregular los decretos 0517 y 790 de 2010 que se profirieron con facultades supuestamente otorgadas por el acuerdo 017 de mayo 24 de 2010 cuando aún no estaba vigente.
“Con estos decretos el Alcalde asumió facultades que no le fueron otorgadas por el acuerdo 017de 2010. Por ejemplo el artículo 181del mencionado acuerdo solo facultó al Alcalde para compilar las normas vigentes sobre valorización y para reglamentar lo relacionado con la misma. Sin embargo, el alcalde mediante decreto 0517 de 2010 excedió las facultades y señaló unos topes de absorción diferentes a los establecidos por el Concejo y determinó una base gravable diferente a la inicialmente señalada, fijó el procedimiento para la liquidación, la exigibilidad, el pago, los recursos y la jurisdicción coactiva de la contribución cuando esto ni siquiera lo hizo el Concejo porque tal atribución se encuentra concedida a la ley”, puntualizó.
Precisó que al fijar esos procedimientos se creó todo un desorden jurídico tributario porque enfrentó las normas del estatuto tributario municipal con los decretos del Alcalde y generó además confusión en los contribuyentes.
Otra de las perlas que encuentra el abogado es que la Alcaldía profiere el decreto 0790 de 2010 sin facultades y con el decreto se dejan por fuera unas obras y se adicionan otras que no fueron autorizadas como por ejemplo la ampliación del parque central hacia la Ronda del Sinú.

Entregan facturas
Ya los monterianos recibieron las facturas con los montos que deben cancelar de cuatro formas diferentes entre ellas de un solo contado con descuento del 25 por ciento o mes a mes durante tres años.
El jurista advierte que hay confusión por su contenido, notificación e impugnación.
“Se menciona en el texto de la factura que es una resolución con su número y fecha y en el mismo documento se dice que es una citación para notificación. A pesar de indicar que es una citación establecen que procede el recurso de reposición y de acuerdo con el estatuto tributario el de recurso es el de reconsideración”, anota.
También dicen que la factura es un acto administrativo pero seguidamente se anota que es una citación.
Se otorga en la misma un término para presentarse a notificar de cinco días a partir de la expedición de la misma, no a partir del recibo de la misma, lo cual significa que el término se vence cuando los contribuyentes la reciben en su domicilio o antes de ellos, señala el abogado.
Finalmente se refirió a los valores anotando que son exorbitantes y que han generado confusión porque la comunidad no entiende aún cómo se liquidó.

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