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Gobernadora salvó la credencial

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El fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba salvó la credencial de la gobernadora Marta Sáenz, luego de la acción popular impetrada por el diputado Jorge Burgos Vellojín.

En el fallo confirmó la sentencia del 13 de agosto de 2008 del Juzgado Tercero Administrativo de Montería en la cual se establecía: “Declárese la excepción de caducidad de la acción del acto de impugnación a decisiones de partidos propuesta por el apoderado del Consejo Nacional Electoral y en consecuencia deniéguense las pretensiones de la acción popular impetrada”.
El fallo en esa oportunidad fue firmado por el juez César de la Cruz Ordosgoitia, el mismo quien impidió la posesión de la gobernadora electa.
En esta oportunidad los magistrados Régulo Torralvo Suárez y Luis Eduardo Mesa Nieves votan a favor de la gobernadora, mientras que Pablo García Avila hizo un salvamento de voto.
El fallo estaba listo desde el pasado 6 de agosto pero hacía falta la firma de García, quien fue el ponente y siempre consideró que la mandataria estaba inhabilitada dado que se había desempeñado como directiva de la Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).
Como se recordará la acción popular, que buscaba declarar nula la inscripción de Sáenz Correa y solicitar a la Registraduría que la excluyera de la lista de candidatos, fue interpuesta por el diputado Jorge Burgos Vellojín. Sin embargo, los magistrados pusieron punto final al polémico capítulo.

GOBERNADORA CONFIADA
La gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz Correa, indicó que siempre confió en la justicia.
“Yo de manera responsable hice las consultas necesarias antes de inscribirme como candidata a la Gobernación y los conceptos de prestigiosos juristas fue que yo no estaba incursa en ninguna inhabilidad”, señaló la mandataria quien siempre se mostró confiada de que saldría bien librada de la batalla jurídica.
Sáenz, quien se encuentra en Bogotá, había señalado que seguía trabajando y que ella practicaba la teoría del desapego, razón por la cual no la trasnochaba el sentido del fallo.
Entretanto, el abogado Antonio Acevedo Rocha, apoderado de la mandataria, dijo que con el fallo del Tribunal se demostró que los escritos jurídicos estaban basados en la razón y en la ley.
Por su parte, el diputado Jorge Burgos Vellojín, quien instauró la acción popular dijo que respeta el fallo, pero que no lo comparte.
Cabe anotar que el fallo del Tribunal será devuelto al juzgado de origen con el fin de dar por terminado un capítulo que mantuvo por largos meses en vilo la Gobernación.

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