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Hay 413 solicitudes de restitución de tierras

Las 122 mil víctimas del desplazamiento forzado por la presencia de grupos al margen de la ley pretenden recuperar sus bienes, dice Comisión Regional de Restitución de Bienes.

En Córdoba se han registrado 413 solicitudes de restitución de tierras por parte de las personas que tuvieron que abandonarlas ante la presión de los grupos al margen de la ley.
En esta sección del país se registran unas 122 mil víctimas de desplazamiento forzado según las cifras entregadas por la Comisión Regional de Restitución de Bienes (CRBB) de este departamento luego del cruce de información con diferentes instituciones.
Tras un año de trabajo, la Comisión identificó problemas como el surgimiento de nuevos escenarios de violencia y la lentitud en los procesos de restitución de bienes por efecto de la poca colaboración de los postulados en el proceso de Justicia y Paz.
Por ello, se impone la necesidad de reforzar la coordinación y el trabajo de instituciones como la Alcaldía, Acción Social, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Incoder, entre otras, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas, estableció la CRRB.
La lucha por el poder en la región ha ocasionado, en lo que va de 2010, siete masacres. Cinco de ellas han dejado 25 muertos y cientos de personas desplazadas en Buenavista, Puerto Libertador, Montería, Montelíbano y la Colonia El 72.
La Comisión de este departamento ha identificado que los municipios con mayores indicadores de expulsión son Valencia y Tierralta, y los receptores son Montería, Valencia, Tierralta y Montelíbano.
Contrario a lo que se esperaba después de la desmovilización de 925 paramilitares del Bloque Sinú-San Jorge en 2005, la situación en Córdoba se tornó más violenta. La lucha por el monopolio de las rutas del narcotráfico y los enfrentamientos entre grupos ilegales generó una guerra interna que obligó a 122 mil personas a desplazarse, según cifras de Acción Social.

Cifras en Justicia y Paz
La situación de violencia en el departamento coexiste con un proceso de justicia transicional propuesto por el gobierno.
La Ley de Justicia y Paz contempla la restitución de bienes como una forma de reparación.
Los postulados en este mecanismo judicial han entregado, según identificó la Comisión Regional, pocos predios en comparación a las áreas reclamadas y a la satisfacción de las víctimas.
Salvatore Mancuso, líder de este grupo irregular en la zona, ha entregado al Fondo de Reparaciones de Acción Social en Córdoba los predios San José, El Escondido y Santa Rosa, Providencia, Vizcaya, La Esperanza 1, La Esperanza 2 y Mi Refugio, todos en el Municipio de Tierralta.
También entregó directamente 885 hectáreas a 59 familias que habitaban el predio Costa de Oro en Montería y 537.5 hectáreas a 29 familias que ocuparon el predio El Porro en Tierralta.
A la fecha, la Comisión ha recibido 213 casos de solicitudes de restitución que incluyen 185 bienes en Valencia, 20 en Montería, seis en Tierralta y uno en Uré y Puerto Libertador.
Así mismo, 184 solicitantes han reclamado 1.973 hectáreas de tierra en el denominado Caso FUNPAZCORD y 16 familias han pedido 288 hectáreas en el predio El Levante.

Más compromiso
En reuniones de los últimos meses que ha tenido la Comisión con las instituciones competentes del tema de tierras, los cordobeses piden más presencia de los organismos de paz en la región, fortalecer el trabajo de campo y la atención a las víctimas en los municipios afectados y un trabajo armónico entre quienes están encargados de reparar a los afectados por el conflicto.
A la compleja situación de orden público que impera en la región, que incluye asesinatos selectivos a dirigentes sindicales, desmovilizados y líderes de organizaciones de Derechos Humanos, incremento en la producción de cultivos ilícitos, desplazamiento y despojo de tierras, e iniciativas ilegales de limpieza social, se suma la necesidad de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Según el Informe Nacional de Competitividad 2009-2010, Córdoba presenta una tasa de analfabetismo del 84.1%, cobertura en salud del 60%, una alta tasa de mortalidad en menores de un año y una tasa de pobreza del 44.5%.

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