Indicadores económicos
2017-07-21

Dólar (TRM)
$3.010,00
Dólar, Venta
$2.868,00
Dólar, Compra
$2.680,00
Café (Libra)
US$1,54
Euro
$3.471,43
UVR, Ayer
$251,52
UVR, Hoy
$251,53
Petróleo
US$47,12

Estado del tiempo
2017-07-20

marea

Marea min.: -15 cms.

Hora: 14:08

Marea max.: 30 cms.

Hora: 22:02

Dirección viento: Variable

Intensidad viento: 3 a 21 kms/h

Temp. superficial del mar: 27 ºC

oleaje

Cartagena-Islas del Rosario: 0.8 a 1.3 metro(s) de altura

Estado

estado
Mín. 26 ºC
Máx. 32 ºC

Pico y placa
2017-07-21

Hoy no salen los vehículos con placa:

Vehículos Particulares

De lunes a viernes 7 a.m a 7 p.m

5 - 6
Taxis
5 - 6
Motos
0 - 2 - 4 - 6 - 8

Ilegales ponen en riesgo a Córdoba

El miedo nuevamente se apoderó de Córdoba.
Los continuos enfrentamientos en las zonas alejadas entre miembros de la fuerza pública y grupos irregulares es la principal causa de desplazamiento.

Es tan grave la situación que el Defensor nacional del pueblo, Vólmar Pérez, hizo un llamado a las autoridades de esta sección del país para garantizar una efectiva protección para la población civil.
Un llamado en el mismo sentido había hecho el secretario del Interior de Córdoba, Jairo López Covo, quien señaló que sin la presencia de las autoridades no se puede garantizar el retorno de las familias desplazadas que han abandonado sus predios.

LOS DESPLAZAMIENTOS
La Defensoría del Pueblo se refirió al último desplazamiento que se ha dado en Córdoba de 49 familias que aglutinan a 224 personas, algunas de ellas miembros del Cabildo Indígena Zenú señalando que el grupo se desplazó desde la vereda San Antonio hacia el casco urbano de Juan José, en el municipio de Puerto Libertador, como consecuencia de los enfrentamientos armados entre unidades del Ejército Nacional y las Farc.
Advierten que se podría incrementar el desplazamiento de los pobladores pues los combates se desarrollan como consecuencia de la erradicación de los cultivos de uso ilícito en la zona.
Pérez Ortiz insta a las autoridades competentes del nivel nacional y regional para que protejan la vida e integridad personal de la población campesina e indígena que se encuentra en riesgo inminente de desplazamiento y se brinde la atención humanitaria de rigor a las personas y familias que se han visto obligadas a migrar a la cabecera municipal de Juan José.
El informe de la entidad señala que también se han dado desplazamientos en Tierralta, concretamente en el corregimiento San Felipe de Cadillo, vereda Alto Viento, municipio de Tierralta.
Señalan que el pasado 7 y 8 de julio se desplazaron 12 familias como consecuencia de los enfrentamientos armados entre los grupos armados ilegales identificados como "Los Paisas" y "Los Rastrojos", que se disputan el control territorial con las "Águilas Negras".

ILEGALES ASESINAN
La situación es tan delicada en esta sección del país por la presencia de grupos irregulares que la Defesoría insiste en que es necesario tomar acciones inmediatas.
Mostró la preocupación por distintos crímenes perpetrados por los grupos emergentes como el del pasado 5 de julio, en horas de la tarde, cuando fue asesinado en el corregimiento de Juan José, el agricultor Gustavo García, al parecer por parte de las Águilas Negras. Otra persona resultó gravemente herida por una golpiza proporcionada por un miembro de ese grupo armado ilegal.
Se refirieron además al homicidio del líder Emberá Katío Héctor Betancur Domicó, de 39 años, el pasado 6 de julio en el barrio 20 de Julio del municipio de Tierralta.
“Betancurt, quien pertenecía a la Asociación de Cabildos y se desempeñaba como Gobernador de la comunidad Changarra, había recibido amenazas contra su vida por parte de grupos armados ilegales desde 1998, motivo por el cual había abandonado el resguardo y se había radicado en la zona”, señala el informe de la Defensoría del Pueblo.
En el mismo se advierte que lideró diferentes procesos en beneficio de la comunidad, entre los cuales se destacan la oposición a la construcción de la represa de Urrá, por considerarla una amenaza contra la autonomía del territorio indígena.
“Aún se desconoce el responsable de esta muerte violenta y se espera que las autoridades adelanten acciones eficaces en el esclarecimiento de este crimen”, indicó el Defensor.
De igual forma se refirió a los homicidios en Río Verde, Puerto Libertador, donde el pasado 3 de julio fue asesinada la señora Silvia Alarcón de 35 años y un hombre de quien se desconoce su identidad, al parecer por parte de las Águilas Negras.
De acuerdo con la información recibida por la Defensoría, este hecho tiene como antecedente un episodio en el que supuestamente las Águilas Negras amarraron a un poste de la plaza principal del pueblo a una persona señalada de colaborar con la guerrilla, lo que motivó que algunos pobladores, entre ellos la señora Silvia Alarcón, intercediera exigiendo el respeto a la vida.
Alarcón fue asesinada y las otras personas que mediaron por la víctima temen sufrir represalias de las Águilas Negras, señala la Defensoría.
Indican que la comunidad se encuentra atemorizada por las continuas presiones y amenazas de los grupos armados ilegales que operan en la zona y por el incremento de los homicidios en ella, sin que hasta la fecha se hayan aclarado los hechos por parte de las autoridades.

RECLUTAN MENORES
Otra de las delicadas situaciones que denunció la Defensoría del Pueblo tiene relación con el reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales.
“Sobre estos hechos las autoridades de policía del departamento revelaron información acerca de la reciente captura de dos desmovilizados del antiguo Bloque Mineros de las Autodefensas, quienes transportaban en un bus de servicio público, en la vía que conduce a Planeta Rica, a 16 jóvenes, con el fin de reclutarlos para las estructuras armadas de ese grupo armado ilegal”, explicó el Defensor.
Insistió en que a partir de la información aportada por un menor de 18 años, que escapó de las filas de esta organización, en el municipio de Puerto Libertador y que fue vinculado por una pareja que le ofreció a él y otros nueve jóvenes la suma de 800 mil pesos a cambio de vincularse a un grupo armado ilegal con presencia en los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, localizados al sur del departamento, la Policía inició un operativo e instaló un puesto de control en jurisdicción del municipio de Planeta Rica.
Argumentan que justo en ese retén se capturó a los dos reclutadores, quienes desde hacía varios meses adelantaban labores de identificación y reclutamiento en barrios marginales como Furatena, Edmundo López, Pastrana Borrero y Nueva Esperanza de Montería.
“También se conoció que jóvenes de escasos recursos, con edades entre los 15 y 25 años, recibieron ofertas por parte de los reclutadores hasta de un millón de pesos mensuales”, denunció el mencionado organismo.
Otro de los casos argumentados por la Defensoría del Pueblo fue el de un joven de 16 años fue reclutado en marzo pasado por las Águilas Negras, junto con otras 24 personas.
“Los reclutadores trasladaron al joven a la zona selvática del departamento de Nariño y posteriormente fue sometido a tratos crueles y humillantes. En mayo el muchacho logró evadirse y su paradero se mantiene en reserva”, señala el informe.

LÍDER DE DESPLAZADOS
En el informe mediante el cual la Defensoría pide a las autoridades la defensa de los derechos de los civiles se refiere también al asesinato del líder comunitario Jhon Jairo Martínez Videz el pasado 28 de junio en la localidad El Quindío, ubicada en la vía a Tierralta, jurisdicción del municipio de Montería.
Indican que Martínez Videz se desempeñaba como presidente de la Asociación de Desplazados de ese lugar y se encontraba vinculado a la cooperativa Comfavic, organización que adelanta gestiones en favor de la población desplazada en Córdoba.
Sobre las circunstancias de la muerte del líder campesino, las autoridades explicaron que dos hombres llegaron a la residencia de Martínez Videz y en varias ocasiones dispararon sus armas a quemarropa, ocasionándole la muerte de forma inmediata.
“La Defensoría del Pueblo rechaza este nuevo crimen sobre líderes comunitarios de Córdoba comprometidos en la defensa de los derechos de la población desplazada y adelanta las gestiones de rigor, ante las autoridades competentes, para que se avance en las investigaciones para esclarecer los móviles de este crimen execrable”, indica el directivo del mencionado organismo.
“Las acciones de la Defensoría del Pueblo han estado dirigida especialmente al departamento de Córdoba en las últimas semanas, ya que este ha sido el epicentro de una serie de hechos de violencia en donde campesinos e indígenas están sufriendo los rigores de la confrontación armada de los grupos ilegales autodenominados “Águilas Negras”, “Los Paisas” y Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la guerrilla de las Farc”, indican.
De igual forma atribuyen las causas al control territorial, social y económico, y particularmente el manejo del negocio del narcotráfico y de otras actividades ilícitas, como las razones de la disputa por parte de los grupos armados ilegales, que está generando graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, la integridad y libertad personal de mujeres, hombres, niños y niñas que integran las comunidades campesinas y pueblos indígenas que habitan en Córdoba.

INFORME DE RIESGO
En la actualidad la Defensoría del Pueblo tiene vigentes seis informes de riesgo emitidos para los municipios de Montelibano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia, Montería y San Pelayo.
En los mismos se advirtió de manera anticipada la probable ocurrencia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de las nuevas estructuras armadas ilegales y la guerrilla de las Farc.

TEMAS

Ranking de noticias

DE INTERÉS

Exprese su opinión, participe enviando sus comentarios. Las opiniones aquí registradas pertenecen a los usuarios y no reflejan la opinión de www.eluniversal.com.co. Nos reservamos el derecho de eliminar aquellos que se consideren no pertinentes. Consulte los términos y condiciones de uso.

Para enviar comentarios Inicie sesión o regístrese