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Intervienen Clínica Montería

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La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención de la Clínica Montería.

La decisión fue notificada por el Superintendente Nacional de Salud, Mario Mejía Cardona, mediante la resolución 001081 en la cual confirma que se toma posesión de los bienes, haberes y negocios de uno de los centros asistenciales más modernos en esta sección del país.
El mismo documento se designa como representante legal al interventor Otoniel Muñoz Barrera y se separa del cargo a Antonio Jáller Dumar.
La decisión se tomó luego de una visita de inspección hecha por el funcionario Edgar Lisímaco Castrillón el pasado mes de junio, justo en el momento en que la junta directiva había decidido cambiar el representante legal, cargo que recayó en Antonio José Jáller Dumar.
Entre las consideraciones tenidas en cuenta por la Super estuvieron las diferencias de los estados financieros en tres escenarios distintos. “No es posible realizar un análisis confiable para establecer la situación real de la entidad”, señala el decreto de intervención.
Advierte el mismo informe que en el área de tesorería se pudo verificar que existen 843 cheques girados de las cuentas de Banco de Occidente y Banco de Colombia no entregados a sus beneficiarios, elaborados hasta 31 de diciembre de 2008 por valor superior a los 2.500 millones de pesos.
El documento señala que el área de contratación reportó 45 contratos vigentes de ventas de servicio con EPS, IMPS públicas y privadas. Compañías de medicina prepagadas y ARP y reportó la utilización de 68 médicos especialistas, además de servicios médicos con entidades. Sin embargo, los funcionarios de la Superintendencia detectaron una supuesta subcontratación o intermediación en la prestación de los servicios de salud con otras IPS.
“En libros oficiales se pudo constatar que la clínica tiene una nómina por pagar de 327 millones 802 mil pesos con corte a 31 de diciembre de 2008 la que se ha incrementado en la presente vigencia ya que en los libros oficiales del 30 de marzo de 2009 este rubro es de 887 millones 168 mil pesos y tampoco han consignado las cesantías causadas en 2008”, señala el informe de la Super.
Agregan, además, que la clínica tampoco ha pagado la seguridad social de los empleados pese a que le hacen el correspondiente descuento, ni está pagando los parafiscales.

79 DEMANDAS
La Superintendencia señaló además que la situación jurídica es delicada toda vez que la clínica tiene 79 demandas pendientes por resolver.
Con el juzgado primero civil de Montería tiene 14, con el segundo 9, con el tercero civil 14, con el cuarto civil 8, con el quinto civil de Montería 4, primero civil del circuito 4, segundo civil del circuito 6, cuarto civil del circuito 7, primero laboral del circuito 6, segundo laboral del circuito 6, tercero laboral del circuito uno, primero civil del circuito de Sincelejo uno, jurisdicción coactiva uno y dos casos de conciliaciones.
Otro de los hallazgos hechos por los funcionarios de la Super es la existencia de dos nóminas, una de la clínica en sí y otra por un convenio con la Previsora.

POSICIÓN DE LA CLÍNICA
En el mismo informe de la Superintendencia se dejan sentadas las explicaciones que los directivos de la clínica entregan en torno a los hallazgos, además de aceptar algunos.
Con relación a los 843 cheques por valor de 2.501 millones de pesos los directivos explicaron que se trató de pagos que se pretendían realizar, pero que por falta de liquidez no se hicieron efectivos y en torno a la subcontratación explicó que la clínica tenía subcontratada una IPS para poder cumplir el contrato de prestación de servicios al magisterio cordobés que finalizó el 31 de octubre del año anterior.
De igual forma, sus directivos explicaron la existencia de dos nóminas advirtiendo que cuando se terminó el contrato con Fiduciaria La Previsora para la atención de los educadores se unificaron las dos nóminas. Sin embargo, la Super insiste en que en la fecha de la visita aún había dos nóminas.
Reconocen, de igual forma, que desde hace nueve meses no consignan la seguridad social de los empleados por la misma iliquidez que vive la entidad y se refieren a los procesos judiciales señalando que estos son atendidos hasta donde ha sido posible.
La Super, luego de su visita, confirmó que los procesos que se adelantan en la clínica Montería no garantizan la adecuada prestación del servicio de salud a los usuarios y, por ello, decide intervenirla indicando que es con el fin de garantizar la prestación del servicio a la comunidad.

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