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Juzgado obliga a frenar invasiones

Un fallo emitido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Montería obligó al alcalde de Cereté, Rafael Chica Guzmán, a tomar correctivos para evitar que se presenten nuevas invasiones en las orillas del Caño Bugre.

Lo anterior se dio luego que la veeduría ciudadana La Popular interpuso una acción popular contra el municipio por violación a los derechos colectivos, al medio ambiente sano, defensa del patrimonio público y también goce del espacio público.
Los representantes del ente fiscalizador, desde el año 2006, le venían advirtiendo a la administración que había asumido una conducta permisiva y que por ello muchos de los terrenos en el barrio Nuevo Oriente fueron reinvadidos, luego que algunas familias fueron reubicadas en las viviendas de interés social en las urbanizaciones de Villa Celina, Oro Blanco y Alberto Saibis Saker en el corregimiento de Martínez.
El fallo dice textualmente: “Se obliga entonces al mandatario local a adelantar gestiones para incluir en el presupuesto partidas para la implementación de programas de vivienda requeridas para solucionar definitivamente la problemática y reubicar a las familias. Se ordena al Alcalde proceder con acciones policiales para evitar que nuevos invasores se sitúen en las riberas del afluente”.
Propone, además, la conformación de una comisión en la que participe el Alcalde, el director de la Corporación Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), el Comandante de Policía y también la Personería para verificar el cumplimiento de la sentencia.

¿QUÉ DICE EL ALCALDE?
Por su parte, Rafael Chica Guzmán, alcalde Cereté, dijo que desde antes de ser notificado está trabajando en aras de solucionar el problema y por ello reubicaron a 49 familias que vivían en Nuevo Oriente, Totumo y las llevaron para el 20 de Julio.
Agregó que ese mismo día los obligaron a derribar las construcciones que tenían y le dieron instrucciones a la Policía para que vigile el área.
El Gobierno nacional mostró su interés en el tema de las familias que todavía están situadas en la orillas del Caño y anunció que aportarían los subsidios necesarios si la Alcaldía compra el terreno.
El burgomaestre aclaró que la municipalidad a raíz del proceso de intervención no tiene recursos para comprar los lotes y por ello no se ha podido avanzar en el proceso.

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