La Procuraduría atenta con demandas contra Telecom

La decisión de un juez de Asan Antero alertó a la Procuraduría General de la Nación sobre los negociados que están haciendo los ex empleados de la extinta Telecom para reclamar una nueva suma por concepto de liquidación. El Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero autorizó un embargo por una suma de 20 mil 210 millones de pesos, medidas que suman en su totalidad más de doscientos mil millones de pesos en embargos y detrimento al Patrimonio Público. Ante esa situación la Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo Superior de la Judicatura, Magistrados y Jueces de Tribunal, someter todas las acciones de tutela relacionadas con la extinta Telecom o el Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR Telecom, al riguroso análisis pertinente sobre los requisitos de procedibilidad de estas solicitudes de amparo. ALERTAN A AUTORIDADES A través de la Directiva nro.006 expedida recientemente, el jefe del Ministerio Público alertó a los señores Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, Magistrados de Tribunal y Jueces de la República que estas tutelas interpuestas contra el PAR Telecom (organismo constituido a raíz de la liquidación de Telecom) están encaminadas a obtener beneficios derivados del llamado Retén Social y/o del fuero sindical y beneficios convencionales de pensiones a que no tienen derecho pero que, según los accionantes, no se les concedieron oportunamente. Según lo establecido por el ente de control, algunos jueces del país han acogido las pretensiones de los tutelantes, ordenando medidas cautelares, que en algunos casos llegan hasta los veinte mil millones de pesos, como el embargo decretado por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, En muchos casos, las recientes sentencias de tutela proferidas por diferentes jueces de la República que condenan al PAR Telecom no han tomado en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los requisitos de procedibilidad de la acción y en varios casos, han pasado por alto la existencia de otros medios judiciales que la ley contempla. La Procuraduría sostuvo que comparte la preocupación de la Corte Constitucional que luego de revisar algunas de las tutelas condenatorias contra Telecom ha reiterado los requisitos de procedibilidad de esta acción y ha manifestado que “la acción de tutela en un Estado Social de Derecho no puede ser empleada para fines espurios”.