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Las víctimas piden garantías

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Las víctimas de los grupos al margen de la ley en Córdoba pidieron garantías al Gobierno nacional para poder volver a sus tierras.

Así lo señalaron en el evento de socialización de ley de víctimas que se llevó a cabo en la Universidad de Córdoba con la presencia del congresista ponente Guillermo Rivera.
En el país 42 personas han sido asesinadas por liderar procesos de reclamación de tierras y de esa cifra tres han sido en Córdoba entre ellas Yolanda Izquierdo y ello ha generado temor entre las víctimas. Algunas de ellas prefieren no reclamar señalando que las tierras de las que fueron despojados están en manos de testaferros de los paramilitares.
De igual forma señalaron que deberían diseñar una estrategia integral porque de nada les sirve recibir las parcelas con unas vías intransitables porque ello les impediría sacar los cultivos a las centrales de abastos y no tendrían una forma para devengar el sustento.
Los voceros del proyecto explicaron que la ley busca restituir a más de 460 mil familias víctimas del desplazamiento forzado y devolverles alrededor de tres millones de hectáreas.
Ante la Cámara de Representantes, los diez ponentes del proyecto de Ley de Víctimas presentaron ya el documento final que comenzará a debatirse la próxima semana en el Congreso.

LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN
El texto recoge las dos iniciativas anteriores, Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, en un solo articulado que pretende saldar la deuda del Estado colombiano con los afectados por el conflicto armado en el país.
En materia de restitución, el proyecto de ley propone crear instancias especializadas en registrar y tramitar los procesos de devolución de tierras o de reacomodación de las víctimas desplazadas. Es el caso de la Unidad Administrativa Especial de Tierras Despojadas, que estará adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Esta Unidad tiene como objetivos principales pagar, en nombre del Estado, las sumas ordenadas por el magistrado de restitución de tierras despojadas a favor de terceros de buena fe; crear los mecanismos necesarios para saldar los impuestos de los bienes restituidos y las compensaciones necesarias cuando no sea posible recuperar el predio del desplazado una vez finalizadas estas compensaciones, la Unidad se encargará de entregar el bien dentro de los tres días siguientes.
El proyecto de ley también propone la creación de un sistema de registro de tierras despojadas, donde se recogerán las solicitudes de restitución. Este sistema reúne todas las bases de datos de las instituciones que tienen competencia en tierras y desplazados, como el IGAC, la Oficina de Instrumentos Públicos, el Incoder, Acción Social y la CNRR.
Los funcionarios tienen un término de diez días para entregar la información.
Asimismo, la iniciativa legal propone un Fondo Rotatorio de la Unidad Administrativa Especial de Tierras Despojadas, que se encargará de administrar los recursos destinados a la restitución de bienes. El Fondo Rotatorio será el instrumento financiero y contará con una fiducia comercial para la administración de los recursos.
También se pretende organizar tribunales superiores de distrito judicial en temas agrarios, es decir ‘salas agrarias’ creadas por el Consejo Superior de la Judicatura y que contarán con magistrados especiales para tomar decisiones respecto a solicitudes de restitución de predios.
Los magistrados podrán imputar penas de prisión de 7 a 12 años a personas que omitan o falsifiquen información cuando diligencien el registro de tierras despojadas. Asimismo, los servidores públicos a quienes se les demuestre que conocen una alteración de la información o de fraude y no la informen, serán penalizados con inhabilidad, de 10 a 20 años, para ocupar cargos oficiales.
En Córdoba por lo menos 70 víctimas escucharon los planteamientos hechos en torno al tema.

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