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No funcionan alertas tempranas

Las alertas tempranas que hizo la Defensoría del Pueblo en los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador no ha dado los resultados esperados.

Así lo indicó el investigador y coordinador de la unidad de estudios sociopolíticos de la Universidad del Sinú, Víctor Negrete Barrera, luego de un estudio sobre los hechos que están ocurriendo en ambas localidades.
“Las alertas tempranas son para mitigar o detener hechos o factores de cualquier índole que causen daño. Las de la Defensoría del Pueblo son para mitigar o detener violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario contra grupos o comunidades”, indicó Negrete Barrera señalando que estas se hacen luego de diagnósticos bastante completos sobre características y situación del territorio, la comunidad, los antecedentes por los que han pasado, los posibles perpetradores, presencia y acción de las autoridades y la apreciación real del peligro a que están expuestos.
En otras palabras son los mismos informes de riesgo con el fin de buscar soluciones inmediatas.

RIESGO LATENTE
El investigador señala que por su importancia y necesidad la idea es que las alertas tempranas funcionen con rapidez y eficiencia pero en los casos de Puerto Libertador y Montelíbano no se ha dado.
“En el departamento de Córdoba en zonas de Montelíbano y Puerto Libertador hay un informe de riesgo desde 2006 con cuatro notas de seguimiento. Tierralta tiene informes del 2006 y 2007. Montería tiene una alerta temprana desde el 2008 y preparan una nota de seguimiento. Este año San Pelayo y Valencia fueron declarados con informes de riesgo inminente”, explicó Negrete Barrera.
Sostuvo que los factores de riesgo a que están expuestas las comunidades o sectores de estos lugares van desde el enfrentamiento de grupos ilegales de la posdesmovilización en barrios marginales hasta el asesinato selectivo y sistemático de miembros de un movimiento político en Valencia, pasando por intentos de control territorial de las FARC, cultivos de coca, rearme y reagrupación de desmovilizados, desplazamientos, reclutamientos y homicidios.
“Ninguno de estos casos está cerrado, los riesgos siguen vigentes a pesar del tiempo transcurrido. Es más, en cada informe de riesgo hay recomendaciones precisas a cada una de las instituciones del orden municipal, departamental y nacional vinculadas con el deber de proteger y prevenir estas y otras infracciones”, explicó.
Aunque hay excepciones en toda regla citó por ejemplo el caso ocurrido en San Pelayo donde una vez fue declarado el riesgo inminente de inmediato, actuaron todas las instituciones, aseguraron el orden público en la zona y pudo hacerse el retorno de las familias a sus hogares.

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