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NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

También habló sobre la lucha del Estado contra las bandas criminales y de los cuestionamientos que pesan sobre las decisiones de algunos jueces del país.
Este abogado de 47 años, especializado en derecho público y en derecho constitucional, insistió en que la alta corte, de la cual ahora es titular, ha prestado un servicio social, jurídico y estatal a la justicia colombiana y que acabar con ella significaría retroceder, pues acabaría con la autonomía de la rama judicial.
¿Cuáles son sus principales retos como presidente del Consejo Superior de la Judicatura?
—Trabajar sin descanso por la independencia, autonomía, modernización y democratización de todo el sistema judicial. Estos principios necesariamente requieren de poderle brindar a la sociedad una justicia ágil, pronta y transparente, descongestionado los despachos judiciales, pero con una labor articulada con las otras organizaciones del Estado. Porque para ello se necesita no solamente presupuesto, sino muchos ajustes judiciales y mecanismos jurídicos y para ello requerimos también del congreso de la República.
El ministro de Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, puso de nuevo sobre la mesa el tema de la eliminación de la corporación, para reemplazarla por una gerencia. ¿Qué se va a hacer frente a esta propuesta?
—Eso no me da ningún temor. Esos vientos de reforma son bienvenidos. Sí hay que ajustar, pero acabar con el Consejo Superior de la Judicatura significaría retroceder y acabar con la autonomía que tienen nuestros jueces. Vamos a enfrentarlos con todos los argumentos de la palabra y los soportes que nos da la ley para defender la democracia, porque eso no lo podemos permitir en nuestro país.
¿Qué ajustes le haría al Consejo de la Judicatura? ¿Qué cree que debe mejorarse?
—Hay muchos ajustes, pero me gustaría que el ministro (Vargas Lleras), que es el que propone eliminarnos, nos diga qué es lo que no le gusta. Porque él desde hace rato quiere eliminar el Consejo Superior, pero no le ha dicho al país porqué. Que nos lo diga para analizar las posturas y ver en qué podemos concertar, porque no podemos ser sectarios de nuestras ideas y pensar que todo está bien. Si hay que hacer ajustes, los hacemos por el bien del país.
¿Estarían dispuestos a ceder, por ejemplo, en el tema de la tutela contra sentencias judiciales?, ¿qué el Consejo Superior pueda seguirlas conociendo?
—El problema de la tutela no es el Consejo Superior. El tema es si se aceptan o no tutelas contra sentencias judiciales de altas cortes y si dichas tutelas son revisadas por la Corte Constitucional. Nosotros simplemente estamos cumpliendo con nuestro deber, porque como jueces de la República que somos, nos toca conocer una tutela; si no, prevaricamos. Hay un problema estructural de la acción de tutela.
¿Qué ocurrió para que se presentara ese ‘carrusel de magistrados auxiliares’ denunciado la semana pasada?
—La Sala Disciplinaria se reunió extraordinariamente y los magistrados, a través de un comunicado, manifestaron que su comportamiento había estado ajustado a la ley y le oficiaron a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, que es nuestro juez natural, para que hiciera la investigación correspondiente.
¿Usted asumió una investigación interna?
—No tengo competencia para ello. La competencia es de la comisión de acusaciones de la Cámara y nuestros colegas magistrados.
Pero ¿afirma con seguridad ante el país que los jueces del Consejo Superior no tienen ningún problema de esas supuestas irregularidades?
—Me atengo a la palabra de ellos que nos han manifestado que los nombramientos que se hicieron en sus despachos son ajustados a la ley y no tengo otra cosa que hacer sino creerles.
Los jueces han sido muy cuestionados por los supuestos beneficios que otorgan a delincuentes. ¿Qué piensa hacer como presidente de la Judicatura frente a esa situación?
—Este tema de la impunidad le preocupa a todo el país y a todo el Estado. En buena hora el presidente Santos se dio cuenta de que éste no era un problema de nuestros jueces, ni de la policía judicial, ni del Ejército, ni del DAS, ni del Palacio Presidencial, sino un problema del Estado y por eso ha convocado a todos los organismos que tienen que ver con estos temas de la criminalidad, para combatir a los delincuentes de manera severa. Nuestros jueces están sometidos al imperio de la ley, si hay una captura ilegal, a un juez de la República le toca observarlos debidamente, pues de lo contrario estaría prevaricando.
Pero, ¿qué hacer, en particular, en la judicatura?
—Aquí toca es agilizar los mecanismos jurídicos que necesita el país con urgencia. En eso estamos, ya nos reunimos con la fiscal general, Vivianne Morales, con el presidente Santos, con los organismos que tienen que ver con estos temas, muy comprometidos a trabajar arduamente y en forma coordinada. Creo que lo vital es la coordinación, en lugar de estar buscando culpables. Lo que tenemos que hacer es solucionar los problemas y la única manera de lograrlo es articulando todos los organismos del Estado, como lo estamos haciendo en este momento.
Ese es un muy buen compromiso, porque demostraría que desde el pasado 7 de agosto todo marcha de manera más fluida…
—Pero de esa fecha hacia atrás también. Todos los gobiernos han trabajado en diferentes frentes a favor de la sociedad. Lo que pasa es que es por etapas que se va colaborando para combatir la criminalidad. Ya estamos en esta etapa de articular todos los esfuerzos de todos los organismos que tenemos que ver con la criminalidad de este país.
¿Cuál va a ser la participación específica de los jueces en la lucha a las bandas criminales (bacrim)?
—Se va a hacer en forma coordinada con el Estado. Las demás situaciones son reserva del consejo de seguridad. Las estrategias son de carácter oficial y totalmente reservadas. Ustedes comprenderán que si se les comunica a los delincuentes cuáles son las estrategias para combatirlos, se dañan los operativos.
¿Cómo va a actuar la Judicatura frente a casos como el del asesinato de dos universitarios en Córdoba a manos de las bacrim?
—En eso estamos y precisamente en una sala de gobierno me informó el presidente de la Sala Administrativa, que es el vocero competente para disponer del gasto público de la rama judicial, que están muy pendientes de eso y articulados sirviendo en estos frentes. Lo que pasa es que no podemos coger el presupuesto nacional y donde hay un problema ir a tratar de improvisar. Eso tiene que obedecer a unas políticas generales bien estudiadas y bien hechas.
¿Descartan asignar jueces especiales para este caso?
—Lo que haya que hacer, hay que hacerlo.
¿Qué hará la judicatura frente a los gobernantes que no han administrado bien los recursos para los damnificados de la ola invernal y a pesar de ello no han sido sancionados?
—Los hechos punibles como los disciplinables son competencia, de oficio, de la rama judicial. Ella tiene la misión de iniciar las investigaciones de oficio y ahí es donde aparece precisamente la gran función social, jurídica y estatal que cumple la sala jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura: vigilar que los funcionarios de la rama judicial, frente a todos estos casos, cumplan con su deber.
Es decir que ustedes están con la lupa puesta sobre los jueces que no tomen las medidas correspondientes respecto a los actos de corrupción de algunos funcionarios...
—Decir lo contrario sería negar nuestra misión constitucional. Es nuestro deber atacar e investigar los actos de corrupción que aparezcan dentro la rama judicial
Resta hablar de un tema vital para hacer posible todo de lo que hemos hablado: ¿cómo quedó el presupuesto para el consejo superior en el 2011?
—Para el 2011 nos dejaron de funcionamiento aproximadamente 1 billón 800 mil millones de pesos; para inversión aproximadamente unos 230 mil millones; y para descongestión, fuera de ese atraso histórico que tenemos, 235 mil millones. Es decir, en forma global contamos aproximadamente con 2 billones 100 mil millones de pesos, cuando los requerimientos están por encima de los 3 billones de pesos. Entonces, seguimos con el déficit dentro de la rama judicial y esto afecta notablemente el retraso histórico que hay en la atención y el acceso a la justicia.

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