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Pedirán revisión del fallo

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La ex candidata a la Gobernación Margarita Rosa Andrade dijo que solicitará al Consejo de Estado que haga una revisión del fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Córdoba a favor de la gobernadora Marta Sáenz.

Sostuvo que es consciente que el fallo no es susceptible de apelación, pero si agotarán las instancias pertinentes de tal manera que pueda ser valorado por el Consejo de Estado.
“No estamos hambrientos de poder, sino que tenemos sed de justicia y por ello vamos a recurrir a las últimas instancias”, indicó Andrade García quien se encuentra en la capital de la República.
Insistió que ella y su grupo no pueden ser inferiores al querer de más de 200 mil cordobeses que quieren que se les respete sus derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio publico.
“Esperábamos un fallo coherente con las normas vigentes no solo frente a los requisitos que deben cumplirse para los aspirantes a las diferentes corporaciones públicas sino al cumplimiento de la ley que dice que no pueden ser inscritos, ni elegidos quienes en el año inmediatamente anterior haya ejercido cargos públicos y sobre todo con funciones de dirección”, indicó la ex aspirante luego de conocer el sentido del fallo que aparece firmado por los magistrados Régulo Torralvo y Luis Eduardo Mesa Nieves con el salvamento de voto del magistrado Pablo García.
Indicó la empresaria del transporte que aún hay otros procesos que están pendientes por fallar como la demanda electoral. “Por unanimidad los tres magistrados decretaron la suspensión provisional de la Gobernadora, o sea que accedieron a la pretensión de los demandantes, y con mucha más razón, luego de la inspección judicial que se hizo en la CVS donde no solamente se encontraron cheques firmados por la gobernadora, actas de compra sino acuerdos de pago con municipios y sanciones como el municipio de Los Córdobas el fallo será en el mismo sentido”, explicó.
Insistió en que no ha terminado el capítulo como la gente cree y que seguirá invocando el respeto a los derechos colectivos a la moralidad pública y a la moralidad administrativa frente a la inscripción de la mandataria a quien sigue considerando como una persona que estaba inhabilitada.

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