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Polémica por excluir representación de la Gobernación del consejo superior

La decisión del consejo superior de la Universidad de Córdoba de eliminar la representación de la Gobernación generó polémica.

Por una parte, el representante de los egresados, Jairo Torres Oviedo, señala que se están ajustando a una sentencia judicial de la Corte Constitucional y por la otra la gobernadora Marta Sáenz señala que están cometiendo un exabrupto jurídico.
El tema será discutido mañana jueves ante el delegado del Ministerio de Educación. Sin embargo, la situación no es nada sencilla.
Torres sostiene que es una decisión ajustada la ley que no persigue ningún otro tipo de intereses distintos a desarrollar acciones administrativas en el marco de la legalidad y que en el caso de la Universidad de Córdoba el delegado de la Gobernación no tiene asiento porque se trata de una universidad nacional.
Sáenz Correa controvierte dicha posición señalando que a primera vista no se observa cuál es la necesidad que una universidad deba cumplir con una sentencia la cual no ha variado el ordenamiento jurídico vigente, ni cuál la necesidad que una universidad que tiene constituido su consejo superior conforme a una ley, proceda a variar la composición del mismo so pretexto de una sentencia que declara la constitucionalidad de la mencionada ley sin variar su contenido, ni indicar una forma especial de interpretación al no declarar la constitucionalidad condicionada.
Con relación a por qué no habían aplicado el documento con anterioridad, pues el fallo es de hace 13 años, Torres dijo que el caso había sido discutido en otras épocas pero no había sido respaldado por la mayoría de los consejeros como ocurre en la actualidad.
“El pretender excluir al Gobernador del Consejo Superior de la Universidad constituye una afrenta contra la comunidad cordobesa, pues solo se puede interpretar como mantener al margen de las políticas y directrices del Departamento a la Universidad, lo cual lesiona los intereses sociales de la comunidad cordobesa que ve en la universidad pública la única vía para lograr sus aspiraciones y sueños académicos”, indicó la mandataria.
Insistió la gobernadora en que esa decisión es ilegal y que por ello no escatimará esfuerzo alguno para acudir a los estrados judiciales para demandar el acto administrativo que así lo haga. “Hacerlo por desconocimiento es tan solo ilegal pero hacerlo a sabiendas configura el dolo y tipifica conducta punible”, dijo finalmente la mandataria.

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