La reactivación del Consejo Departamental de Paz en Córdoba ha desatado polémicas. Por una parte, el obispo de Montería, monseñor Julio César Vidal, y el ex coordinador del consejo, José García Calume, señalan que debería activarse en aras de buscar soluciones a la ola violenta que azota al Departamento y por la otra la gobernadora Marta Sáenz no considera pertinente reactivar una mesa y que es la fuerza pública la encargada de controlar la situación. Al respecto, García Calume dijo que la convocatoria del Consejo Departamental de Paz es un mandato de la ley 434 del 3 de febrero de 1998 y no un capricho de los gobernantes. “El Gobierno Departamental de Córdoba de la época en cabeza de Libardo López Cabrales acogió dicha iniciativa y sin ningún reparo, presentó el respectivo proyecto de ordenanza, el cual, después de un juicioso análisis y estudio por parte de la Asamblea Departamental, se convirtió en la Ordenanza # 19 de 2.004 que creó el Consejo Departamental de Paz en el Departamento de Córdoba”, explicó el ex coordinador. Dijo que si bien es cierto que la fuerza pública tiene la obligación de neutralizar las acciones de las bandas delincuenciales, también lo es que la paz no es solo el mantenimiento del orden público. “La búsqueda de la paz es una cultura que debe implementarse en los aspectos educativos, culturales, de infraestructura, sociales y lógicamente, militares”, indicó García Calume, quien está por fuera del Departamento. Sostuvo que le corresponde insistir en la búsqueda de la reconciliación, pero con acciones bélicas, con educación y con recursos financieros que efectivamente apunten a la solución de nuestra problemática social y sobre todo en las zonas más deprimidas y vulnerables, partiendo de la base que, es más barato y mejor invertirle a la paz que a la guerra. “No vemos actualmente políticas regionales de paz claras que vayan en armonía con la exitosa labor de las autoridades militares y de policía, que con su accionar, le han propiciado golpes certeros y contundentes al narcotráfico tales como la incautación de grandes cargamentos de coca, la destrucción de laboratorios y las talanqueras en sus corredores de movilidad que deben estar acordes con esquemas sociales serios de compromiso, para evitar inclusive, que a los desmovilizados del proceso de paz se les siga utilizando como caldo de cultivo o el punto de apoyo de las bandas emergentes”, dijo finalmente.
Regional
Reactivación de Consejo de Paz desata polémica
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