Sancionados 4 abogados por faltas disciplinarias

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sancionó disciplinariamente a 53 abogados, un Fiscal y 6 Jueces de la República, en decisiones adoptadas entre marzo y septiembre. Cuatro abogados de Córdoba fueron sancionados y suspendidos por faltas disciplinarias. La decisión la tomó la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura luego de analizar algunas actuaciones por parte de los profesionales del derecho. El organismo encargado de investigar a los profesionales sancionó al juez promiscuo municipal de Lorica, Alvaro Chica Yánez, con una suspensión provisional de tres meses. De igual forma con ponencia del magistrado José Ovidio Claros Polanco fue ordenada por el término de tres meses la prórroga de la suspensión provisional al Juez Promiscuo Municipal de San Antero, Óscar Páez Castro, y la Juez Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica, Blanca Rosa Ramos Correa. Otro de los abogados en ejercicio que fue investigado y suspendido en el ejercicio de la profesión por doce meses fue Edinson Segundo Pinedo Pinedo por faltas a la honradez, según señala la ponencia del Consejo de la Judicatura. Caso jueces Como se recordará los jueces de Lorica y San Antero habían sido suspendidos por luego de haber concedido algunos beneficios a los empleados de la extinta Telecom. En el caso del juez de San Antero, Óscar Páez Castro, avaló una acción de tutela en la que ordenaron el embargo de más de 5.000 millones de pesos de las cuentas del Patrimonio Autónomo de Remanente de Telecom. Entretanto, la juez de Lorica, Blanca Rosa Ramos, ratificó en segunda instancia la determinación de su inferior jerárquico de San Antero de conceder el pago de acreencias laborales a 12 ex trabajadores de la desaparecida firma estatal, al parecer, de manera irregular. Con esta determinación, la Judicatura abordó una nueva etapa de la investigación que adelanta frente a las denuncias elevadas por la Procuraduría Delegada para Asuntos de Trabajo y Seguridad el pasado 11 de marzo respecto a las presuntas irregularidades que han rodeado la concesión de tutelas por parte de jueces de todo el país en contra del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, PAR, que sólo en Córdoba han comprometido recursos públicos superiores a los 10.700 millones de pesos. En esta como en anteriores determinaciones, la Judicatura recalcó el carácter inembargable que cobija los recursos del Estado y que no es la acción de tutela el mecanismo jurídico válido para buscar el amparo que solicitaban los accionantes, que aducían haber sido despedidos sin justa causa durante el proceso de liquidación de la firma y, en consecuencia, exigían la cancelación de las obligaciones laborales que a su parecer desatendió su antiguo patrono.