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Se enfrentan Procuraduría y el Consejo de Estado

En el concepto firmado por María Eugenia Carreño Gómez pide al organismo judicial la nulidad de lo actuado.

La Procuraduría General de la Nación no está de acuerdo con la decisión del Consejo de Estado de anular el fallo de la sección tercera en contra de la gobernadora Marta Sáenz Correa.
En un concepto firmado por la agente especial del Ministerio Público, María Eugenia Carreño Gómez, pidió la nulidad de lo actuado señalando falta de competencia por parte de la sala plena para anular una actuación de una sección del mencionado organismo.
Como se recordará la sala plena del Consejo de Estado, aduciendo que la sección tercera no tenía competencia para dirimir la polémica por la Gobernación de Córdoba, decidió anular lo actuado a partir de octubre 11 de 2009, incluida la selección de la acción popular para su revisión.
Señala la misma sala que se trataba de un proyecto de fallo porque no había cumplido los pasos legales para convertirse en fallo y que aún no había sido notificado.
“A juicio del Ministerio Público no existe ninguna duda de que la competencia para conocer de la revisión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba corresponde exclusivamente a la sección tercera del Consejo de Estado en tanto uno de los derechos colectivos cuyo amparo se pretende es el de la moralidad administrativa, de manera que no puede ahora la sala plena de lo Contencioso Administrativo, al amparo de una integración normativa y aduciendo la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, modificar las competencias que han sido directamente atribuidas a las secciones primera y tercera de la sala contenciosa administrativa para arrogarse una competencia que le fue suprimida expresamente por la Corte Constitucional al revisar la exequibilidad del proyecto de ley que finalmente se convirtió en la ley 1285 de 2009”, señala el pronunciamiento del Ministerio.

¿ERA O NO FALLO?
Advierte además la Procuraduría su desacuerdo con la posición del Consejo de Estado en el sentido que no había un fallo señalando que para la fecha en que la sala plena asumió la competencia del caso, 11 de febrero de 2009, ya existía un pronunciamiento definitivo que ponía fin a la instancia contenido en la providencia del 3 de febrero de 2009.
“La existencia y validez no puede desconocerse bajo el argumento que no produjo efectos jurídicos porque no se notificó en legal forma pues de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 de la ley 270 de 1996 la sentencia tendrá la fecha en que se adopte y tres de los cuatro consejeros de la sala manifestaron su voluntad de revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba”, señala el informe del Ministerio Público.

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