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Suspenden a dos jueces de Córdoba

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La Judicatura dio a conocer que se investigan los fallos de tutela irregulares en el Departamento, en los que se comprometieron más de 10.700 millones de pesos.

Durante tres meses deberá apartarse de su cargo el juez Promiscuo Municipal de San Antero, Óscar Páez Castro, luego de haber concedido una acción de tutela en la que ordenó el embargo de más de 5.000 millones de pesos de las cuentas del patrimonio autónomo de remanente de Telecom.
La determinación fue tomada por la sala disciplinaria dual de descongestión de la judicatura del Atlántico.
La decisión, que tiene un carácter provisional, también cobija a la juez promiscuo de familia del Circuito de Lorica, Blanca Rosa Ramos Correa, quien ratificó en segunda instancia la determinación de su inferior jerárquico de San Antero de conceder el pago de acreencias laborales a 12 ex trabajadores de la desaparecida firma estatal, al parecer, de manera irregular.
Con esta determinación, la Judicatura abordó una nueva etapa de la investigación que adelanta frente a las denuncias elevadas por la Procuraduría Delegada para Asuntos de Trabajo y Seguridad el pasado 11 de marzo respecto a las presuntas irregularidades que han rodeado la concesión de tutelas por parte de jueces de todo el país en contra del patrimonio autónomo de remanentes de Telecom, PAR.

Cifras en Córdoba
Se estableció que solo en Córdoba han comprometido recursos públicos superiores a los 10.700 millones de pesos.
En esta como en anteriores determinaciones, la Judicatura recalcó el carácter inembargable que cobija los recursos del Estado y que no es la acción de tutela el mecanismo jurídico válido para buscar el amparo que solicitaban los accionantes, que aducían haber sido despedidos sin justa causa durante el proceso de liquidación de la firma y, en consecuencia, exigían la cancelación de las obligaciones laborales que a su parecer desatendió su antiguo patrono.
"Su competencia como operadores constitucionales les impedía tomar medidas restrictivas como las aquí señaladas, mucho más cuando el precedente jurisprudencial sobre la materia demuestra la inembargabilidad de tales recursos públicos", señaló la Sala, refiriéndose a las determinaciones de los jueces presuntamente disciplinables.
Reiteró que no es el Juez Constitucional sino los que integran otras jurisdicciones los llamados a dirimir demandas relacionadas con supuestos incumplimientos surgidos tras la materialización de relaciones laborales, y de ahí un nuevo argumento para poner a consideración la ilegitimidad de la actuación que pudieron desplegar los procesados.
Según la Judicatura, un proceder de tal naturaleza termina "invadiendo el marco de las competencias de la justicia civil o laboral, quien es la competente para ordenar medidas cautelares que limiten la disposición de caudales públicos o privados", recordando que, en todo caso, los recursos estatales no son embargables.
Finalmente, la Sala de Descongestión creada especialmente por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para hacerle frente a este tipo de denuncias advirtió que lo que se viene poniendo en juego a través de estas determinaciones son, ni más ni menos, que los recursos públicos y no los intereses privados de los particulares que han tomado a su cargo la administración de las obligaciones aún pendientes del PAR de la liquidada Telecom.
"Hay que precisar que los fallos de tutela, en tela de juicio, no están afectando en sí el patrimonio privado de las empresas fiduciarias a administradoras de los dineros de la extinta Telecom, sino directamente de los dineros públicos", concluye la providencia.

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