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Tuchín lucha por sobrevivir

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Las acciones judiciales que buscan garantizar la permanencia del recién creado municipio de Tuchín están a la orden del día.

Mientras el Tribunal Administrativo de Córdoba y el Consejo de Estado decretaron la suspensión provisional de la ordenanza que le dio vida jurídica al municipio de los indígenas Zenúes, el abogado William Quintero intenta por todos los medios en tumbar dicha medida.
Aduce el jurista que el Dane nunca ha certificado el número de habitantes que tienen las dos poblaciones que está reclamando Chimá como propias, Sabanacosta y El Brillante, y que fueron segregadas dejando a esa localidad sin el número de habitantes reglamentarios para poder ser municipio.
El abogado insiste en que las dos poblaciones tampoco tienen vida jurídica y al no existir no pueden convertirse en motivo de suspensión de la ordenanza que creó a Tuchín.

FALLÓ INTENTO
El primer intento que hizo el abogado fue convencer a algunos diputados para que modificaran la ordenanza y excluyeran de sus límites las dos poblaciones que generaron el conflicto tras la denuncia del personero de Chimá.
Inicialmente había buen ambiente para que los diputados aprobaran la ordenanza pero luego empezaron a cambiar las reglas del juego.
En el proceso intervino el magistrado Pablo García Ávila, quien aclaró que lo hacía en calidad de abogado con experiencia y no como vocero del Tribunal, para señalar que los diputados no incurrían en ningún delito si modificaban la ordenanza. Sin embargo, su posición no fue suficiente para convencer a los diputados quienes se mostraron temerosos toda vez que el diputado Jorge De Arco amenazó con demandar a sus colegas que votaran a favor de modificar una ordenanza que se encontraba suspendida.
Los diputados que lideraban la modificación fueron Eligio Pestana y Pedro Tulena de la Espriella, pero no lograron convencer a la mayoría de los colegas de la coalición mayoritaria quienes dijeron no tener los suficientes argumentos legales para modificar una ordenanza suspendida.
Esa decisión se convirtió en un momento en la “manzana de la discordia” entre los diputados de la coalición opositora pues Pestana y Tulena señalaron que no les habían cumplido y que estaba a punto de tambalear la solidez de la misma.
Ante ese fallido intento, los juristas se la siguen jugando para recuperar la institucionalidad del recién creado municipio de Tuchín, mientras que hay otro grupo interesado en que termine su existencia jurídica para que vuelva a ser parte de San Andrés de Sotavento y con ello regresen los cerca de $50 mil millones que se fueron del presupuesto con la segregación de Tuchín.

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