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Tutela no es procedente para cobrar a entidades intervenidas

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La Corte Constitucional consideró que la acción de tutela no es el mecanismo procedente para cobrar acreencias contractuales a entidades en proceso de intervención.

Así lo resalta un fallo luego de la tutela interpuesta por una acreedora en el municipio de Tolú.

El magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva señala que los acreedores de una entidad en proceso de reestructuración de pasivos deben someterse estrictamente a lo pactado en el acuerdo de reestructuración

“La acción de tutela constituye un mecanismo de protección constitucional de los derechos fundamentales de las personas, siempre que estas carezcan de otros medios de defensa judicial para lograr la efectividad de los mismos, o que existiendo tales instrumentos, atendiendo a las condiciones del caso concreto, no resulten idóneos y eficaces para dispensar la protección fundamental requerida o aún siendo idóneos y eficaces, no sean suficientes para evitar la consumación de un perjuicio irremediable”, señala el Magistrado de la Corte.

El caso es similar al reciente ocurrido en Córdoba donde mediante acción de tutela se obligó al Departamento a pagar una suma superior a los tres mil millones de pesos a los maestros de Puerto Escondido.

“Sigo esperando”

Por su parte la gobernadora Marta Sáenz dijo que sigue esperando la decisión de los conjueces que llevan el proceso de la tutela que le obligaría al Departamento pagar 3 mil millones de pesos por prestaciones sociales a un grupo de docentes del municipio de Puerto Escondido.

“Ya yo hice lo que debía hacer como Gobernadora. Le di a conocer a la comunidad la situación que estaba sucediendo, denuncié ante la misma Fiscalía General de la Nación este hecho y ahora toca esperar que los conjueces en su sabiduría tomen la mejor decisión, y yo acatarla como ciudadana y servidora pública que soy”, indicó la Gobernadora.

Marta Sáenz sostuvo además que se mantiene firme en su decisión de  pagar la sanción que se le imponga antes de someter al Departamento a cancelar lo que pretende la tutela.

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